No es la primera alerta del TSE
AAbogada dice que términos de eventual convenio van más allá de fallo de jueces
Esta no es la primera vez que el TSE escudriña al PUSC por dudas sobre el origen de sus recursos. En el 2015 se negó a reembolsarle ¢360 millones en gastos porque no los hizo “con recursos propios del Partido”, sino mediante intermediarios. “Considérese que la figura del intermediario podría servir de vehículo para el cambio o mutación del dinero obtenido en eventuales actividades ilícitas”, argumentó el Tribunal en la resolución 4821-E102015, del 31 de agosto del 2015. alguien a hacer el depósito correspondiente. La gran mayoría de los aportes que uno hace al Partido son por temas ideológicos, porque uno cree en una causa; evidentemente, uno sabe que cuando se ayuda a una organización como esta, el Estado le puede resarcir una parte (con recursos de la contribución estatal). Eso es una lotería porque nadie puede predecir el resultado electoral final”, expresó Vargas.
Su compañero Vargas Rojas agregó: “Le voy a ser sincero: si me lo pagan ,voy a estar muy contento. Cuando uno es partidario y quiere ayudar a una causa, pues hace esfuerzos (...). Pero ¢5,5 millones es un monto razonable”.
El PUSC tiene otras deudas pendientes con estos tres legisladores, además de las asumidas en la contienda municipal pasada. Por ejemplo, a Vargas Corrales le debe ¢25,4 millones, a Vargas Rojas ¢10,8 millones y a Alvarado Bogantes ¢700.000.
Por su parte, el excandidato a alcalde por Liberia, Rodolfo Peña, aseguró que depositó ¢11,5 millones efectivo para cubrir parte de su campaña, aunque invirtió mucho más de eso en su candidatura: unos ¢50 millones.
Afirmó que no reportó todos sus gastos al TSE porque muchas facturas incumplían los requisitos que pide ese órgano, como que los comprobantes de pago estuvieran a nombre del Partido.
También, dijo que los recursos provienen de las ganancias que obtiene de negocios hoteleros, inmobiliarios, ganaderos y agrícolas en Guanacaste: “Fui candidato y lo que hice fue hacer una liquidación de gastos redimibles en efectivo, los gastos los hice yo. Es dinero mío, de mis empresas. Ni me he preocupado por qué porcentaje me van a reintegrar, ni cuándo; yo soy partidario desde 1982, soy socialcristiano”, dijo.
El exdiputado del PUSC, Belisario Solano, es otra de las personas que aportó al contado. Él prestó ¢3,5 millones en un solo día, mediante dos transacciones.
SegúnSolano, ese dinero lo tenía dando vueltas y, una vez que lo tuvo en su poder, decidió facilitarlo al Partido porque apoyaba varias candidaturas en Cartago. Dice que el PUSC acordó reembolsarle el 90% de esa suma, ya que él donará el 10% restante.
“SI, EN ESTE MOMENTO, COLUMBIA ESTÉREO DICE: ‘QUIERO SENTARME A NEGOCIAR, LLEGUEMOS A UN ACUERDO JUDICIAL’, FONOTICA SE SIENTA EN LA MESA DE NEGOCIACIONES Y SE DETIENE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. Denis Solera Representante de intérpretes
Representantes de la radioemisora Columbia Estéreo rechazaron ayer la posibilidad de negociar un arreglo extrajudicial con Fonotica y la AIE, para evitar un embargo de sus equipos de transmisión.
La Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (Fonotica) y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE) buscan hacer cumplir la medida como parte del proceso de ejecución de sentencia, tras ganar un juicio civil.
Ese pleito se inició para cobrar los llamados derechos conexos, que se deben pagar a intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos de la música que la emisora reproduce. El periodo que está en cobro va del 1.° de enero del 2008 al 11 de mayo del 2009.
Un fallo de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de marzo pasado, confirmó la posibilidad de los demandantes de exigir el pago a la emisora.
Denis Solera, director general de AIE Costa Rica, aseguró que desde que conocieron la resolución, han buscado un arreglo con los propietarios de la Columbia Estéreo, pero ellos no han mostrado interés.
“Si en este momento se está haciendo una ejecución de la sentencia, es porque durante
“LA SENTENCIA NOS OBLIGA AL RECONOCIMIENTO DE UN PERIODO QUE VA DEL 1.° DE ENERO DEL 2008 AL 11 DE MAYO DEL 2009, Y ELLOS LO QUE QUIEREN ES QUE NOS BRINQUEMOS LAS RESERVAS (...), Y QUE SE LES PAGUE VOLUNTARIAMENTE POR EL RESTO DE LA VIDA. Agnes Fajardo Abogada de Columbia Estéreo
dos meses no se pudo concretar una reunión”.
Ante esta afirmación, la abogada de la estación de radio, Agnes Fajardo, reconoció que nunca concretaron la cita. Alegó, sin embargo, que se oponen a un arreglo pues los términos en que se pretende plantear van más allá de lo que la sentencia establece.
“Es que el acuerdo extrajudicial que ellos están pidiendo es un acuerdo al que no podemos acceder. La sentencia nos obliga al re- conocimiento de un periodo que va del 1.° de enero del 2008 al 11 de mayo del 2009, y ellos lo que quieren es que nos brinquemos las reservas, brincarnos todo lo demás y que se les pague voluntariamente por el resto de la vida”, manifestó.
Inicialmente, la demanda en la vía civil fue presentada por ¢294 millones. No obstante, será un perito nombrado por los jueces, el encargado de determinar el monto que se debe pagar por daños y perjuicios.
Fonotica y AIE sí lograron concretar, meses atrás, un arreglo extrajudicial con la empresa Marcosa S. A., dueña de Radio Puntarenas.
El embargo contra Columbia Estéreo, según Denis Solera, se solicita para garantizar la existencia de bienes que respalden el cumplimiento de la obligación.
De ejecutarse el embargo, la directora de Noticieros Columbia, Nora Ruiz, advirtió de que apagarían todas las emisoras del Grupo Columbia en solidaridad. Esa empresa es poseedora, además de Columbia Estéreo, deRadio Columbia, 95.5 Jazz, Radio 2 y WAO.
Aunque la sentencia por el caso iniciado en el 2009 ya es definida, la abogada Agnes Fajardo informó de que ayer viernes realizaron gestiones ante los tribunales.
La diligencia más urgente fue la presentación de una solicitud de revocatoria del embargo ante el juez que la dictó. De ser rechazada, apelarán ante el Tribunal Segundo Civil.
Además, plantearon un escrito para oponerse al pago de costos procesales.