La Nacion (Costa Rica)

País sacrifica presupuest­o de seguridad para pagar deudas

Mayor pago de créditos y fondos de educación estrujan a otros ministerio­s Criminalid­ad invierte más y el país menos en protección, dice exministro

- Daniel Salazar y Patricia Leitón daniel.salazar@nacion.com

Entre el 2014 y el 2017, el presupuest­o para seguridad no solo pierde terreno, sino que también cae en montos absolutos.

El plan de gasto para este ministerio, que en el 2014 representó un 3,4% de toda la intención de erogacione­s del Ejecutivo, baja a un 2,5% para el 2017. Es la participac­ión más baja entre el periodo 2010-2017.

En números absolutos (traídos a valor de julio del 2016), Seguridad registra, primero, un presupuest­o de ¢219.767 millones en el 2017, menor a los planes presentado­s en el 2014 y el 2015. Segundo, es una cifra también menor a los planes autorizado­s por la Asamblea Legislativ­a en el 2014, 2015 y 2016.

A pesar de la creación de unas 135 plazas y un aumento en el gasto en instalacio­nes para el próximo año, la entidad ha rebajado en más de la mitad el gasto para comprar activos como maquinaria y equipo.

“Si uno compara los crecimient­os de los años antes del 2014 para acá (2016), se ha venido viendo esa reducción y todavía se ve más la reducción si uno divide entre gasto operativo y remuneraci­ones. El gasto operativo cada vez se ha reducido más pese a que no se ha crecido en plazas policiales” señala Bernardita Marín, viceminist­ra administra­tiva del Ministerio de Seguridad Pública.

Para Marín, la declaració­n de inconstitu­cionalidad de la Sala IV al impuesto a la ley de sociedades anónimas afectó significat­ivamente los recursos del Ministerio de Seguridad.

“Lo que estamos cubriendo son los gastos básicos operativos porque no vamos a dejar de funcionar; continuare­mos dando el servicio con los recursos que tengamos”, aseguró.

Esta es una situación que viven también otros ministerio­s y poderes para dar espacio al pago de deudas e intereses, así como el traslado de recursos al Ministerio de Educación.

Los datos se derivan de un análisis deLa Nacióna los planes presupuest­arios del Gobierno Central del 2010 al 2017.

En el proyecto del presupuest­o del Gobierno Central para el 2017, presentado la semana pasada al Congreso, el servicio de la deuda (pago de créditos e intereses) representa un 33% del total y el Ministerio de Educación un 29%. RVEA INFOGRÁFIC­O.

En el caso de Educación, todavía se requiere darle más recursos, pues todavía no llega al 8% de la producción que exige la Constituci­ón Política. Para el 2017, se le otorgará un 7,63%.

El estrujamie­nto a los otros ministerio­s, explicó el viceminist­ro de Hacienda encargado del gasto, José Francisco Pacheco, deja necesidade­s importante­s

Criminalid­ad sí invierte.

Enel caso del Ministerio de Seguridad, el problema es que su presupuest­o no crece al mismo ritmo que la criminalid­ad, según expuso el exministro de esta cartera, Mario Zamora.

“La criminalid­ad emplea cada vez métodos más avanzados; es decir, definitiva­mente, para poder ponerse a tono con las exigencias del combate a la criminalid­ad, el Ministerio tiene que ir avanzando año a año”, dijo.

“En nuestro caso, eso no sucede, entonces se crea un déficit entre la capacidad policial y la capacidad de los grupos criminales”, comentó Zamora.

Ese déficit, explicó el exministro, le resulta caro a la población, la cual tendrá que gastar en mejorar la seguridad de sus propias casas y en contratar cámaras, y tomar otras medidas.

Se intentó tener también la opinión del actual ministro, Gustavo Mata, pero no fue posible.

A pesar de registrar aumentos consecutiv­os en el presupuest­o, el Poder Judicial también pierde peso en el presupuest­o.

El peso de la Corte baja a un 4,9% cuando el año pasado superaba un 5,3%. Elgrupo de entidades ligadas a este Poder, queenel 2015 planteó aumentos de hasta un 15%, acortó sus previsione­s para crecer solo un 2,5% durante el 2017.

Róger Mata Brenes, director del Despacho de la Presidenci­a de la Corte Suprema de Justicia, explicó que los ajustes presupuest­arios afectan a la judicatura, al Ministerio Público, al Organismo de Investigac­ión Judicial, a la Defensa Pública y al programa de Protección a Víctimas y Testigos a cargo de la institució­n.

Para enfrentar la situación, la entidad apuesta por implementa­r proyectos que maximicen los recursos, explicó Brenes.

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