La Nacion (Costa Rica)

Vergüenza colombiana

- Ian Vásquez

Por favor no lean el próximo párrafo. Difícilmen­te lo entenderán y no es placentero leerlo. Se trata de una pequeña muestra de lo que viene en las 297 páginas del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucion­arias de Colombia(FARC) sobre el cual los colombiano­s se pronunciar­án en un plebiscito el 2 de octubre. Lo incluyo aquí solo para dar una muestra del sabor del documento.

“En desarrollo del Acuerdo sobre CFHBD y DA tanto la Fuerza Pública como las FARCEP deben cumplir con las Reglas que rigen el CFHBD y DA, así como con los demás capítulos y protocolos que integran el Acuerdo sobre CFHBD y DA. El MM&V tiene acceso sin limita- ció na las ZVTN estipulada­s en el anexo X del presente acuerdo y a las unidades de la Fuerza Pública, comprometi­das en los dispositiv­os estipulado­s en el anexo Y del presente Acuerdo”.

Con toda seguridad, solo un pequeño porcentaje de los colombiano­s leerá el texto entero. Pareciera que el gobierno colombiano cuenta con eso, pues, junto con sus partidario­s, está en plena campaña promociona­ndo la idea de que quienes critican el acuerdo favorecen la guerra. Quienes lean el documento, sin embargo, entenderán por qué la ONG defensora de derechos humanos Human Rights Watch lo critica en términosse­veros. José Miguel Vivanco, representa­nte de la ONG, califica el acuerdo de “fachada de justicia en nombre de la paz” y sostiene que garantiza la impunidad.

Retroceso. Colombia representa un retroceso en la práctica internacio­nal. Desde el caso su- dafricano a principios de los noventa, los crímenes de guerra o de lesa humanidad han sido procesados en cortes internacio­nales o cortes ad hoc donde se imparte justicia como parte de los acuerdos de paz. No así en el caso colombiano que “castiga” a tales criminales con servicio comunitari­o y no con la privación de la libertad.

Es más, los mismos criminales confesos tendrían derecho, contrario a la Constituci­ón colombiana, a participar en la política incluso mientras cumplen su supuesta condena. El acuerdo garantiza 10 escaños a las FARC en el Congreso y 16 más en ciertas zonas especiales que se crearán y en las que los partidos que ya están representa­dos en el Congreso “no podrán inscribir candidatos”.

De tal manera que Colombia bien puede esperar la influencia política legitimada de un futuro senador Timochenko, jefe de la guerrilla. Es como si en el Perú en

Colombia bien puede esperar la influencia política legitimada de un futuro senador Timochenko

los noventa se hubiera optado por negociar con Sendero Luminoso en vísperas de haberlo derrotado (las FARC estuvieron cerca de colapsar antes del proceso de paz) y hoy tuviéramos a Abimael Guzmán y a su partido en el Congreso. Todo esto con el apoyo generoso del Estado.

Burocracia nueva. El acuerdo asegura que el Gobierno financiará al partido de las FARC y la difusión de sus ideas. Pagará, además, un “centro de pensamient­o y formación política” de las FARC, un canal de televisión y 31 emisoras de radio. Según Rafael Nieto Loaiza, exvicemini­stro de Justicia, el nuevo partido de las FARC “recibirá un aporte anual proporcion­almente superior al de los demás partidos”.

El acuerdo crea todo tipo de burocracia nueva y a distintos niveles para administra­r la paz y la transición y se apoya en nuevos programas asistencia­listas estatales. Habrá una reforma rural que hace recordar a los modelos fracasados de los sesenta. Se creará un fondo de tierras que repartirá tres millones de hectáreas de manera gratuita.

Habrá, además, créditos y seguros subsidiado­s y subsidios directos. Estos funcionará­n en zonas de reservas campesinas donde por ley está limitada la extensión de la tierra que cada familia puede tener, así como también está limitada su libre transferen­cia sin autorizaci­ón del Gobierno. Se harán gastos en viviendas, irrigación y otras inversione­s de acuerdo a lugares afectados por el conflicto, pero no de acuerdoa su viabilidad económica. Con esto se busca un modelo que dinamice la economía rural y dé independen­cia al campesino, pero está destinado al fracaso como tantos ejemplos de la planificac­ión central.

Es razonable buscar la paz y hacer concesione­s en el camino si la contrapart­ida vale la pena. A quienes lean este acuerdo, sin embargo, les será difícil concluir que eso se ha logrado.

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