La Nacion (Costa Rica)

Reforma a la DIS amenaza derechos, dice la Defensoría

ADefensora pide evitar que órgano de Presidenci­a sea un ente ‘todopodero­so’ AMontserra­t Solano rechaza ser parte de una comisión que fiscalizar­ía agencia

- Gerardo Ruiz R. gerardo.ruiz@nacion.com

Violación a comunicaci­ones, espionaje político, transgresi­ón a la división de poderes. Todas son acciones probables, según la Defensoría de los Habitantes, si los diputados aprueban el proyecto que reforma la Dirección Nacional de Inteligenc­ia y Seguridad (DIS).

Montserrat Solano, la defensora de los Habitantes, expresó que la propuesta violenta derechos humanos.

Entre estos, citó con especial preocupaci­ón el monitoreo del espectro electromag­nético de frecuencia abierta, por incluir las comunicaci­ones de los ciudadanos mediante sus teléfonos celulares.

“Enel proyecto se dice que ese monitoreo no constituye la intercepta­ción ni la violación de comunicaci­ones. Eso es como decir que camina como pato, tiene plumas y pico de pato, pero no le vamos a llamar pato. Y, en un Estado democrátic­o, esta potestad la debe controlar un juez”, dijo. R VEA ENTREVISTA CON DEFENSORA PÁG. 5

El proyecto transforma­ría la DIS en la Dirección de Inteligenc­ia Estratégic­a Nacional (DIEN).

Mariano Figueres, actual director de la DIS, afirmó que el proyecto de ley haría que la agencia de inteligenc­ia pierda sus caracterís­ticas de policía política.

Figueres desmintió la posibilida­d de que la DIEN vaya a quedar facultada para intervenir las comunicaci­ones normales que entablan los ciudadanos y dijo que su potestad se limitará a escudriñar la frecuencia marina.

“Las escuchas se seguirán dando de acuerdo con la ley, y la ley es que tiene que ser autorizado por un juez, dentro de un proceso judicial y realizado por un juez de escucha”, recalcó.

Alertas. Empero, la jerarca de la Defensoría de los Habitantes opina distinto, pues considera que la iniciativa no despeja las nebulosas que hoy rodean las operacione­s de la DIS. Entre sus varias dudas sobre el plan que impulsa el Poder Ejecutivo, Solano dijo que va en contra del derecho humano de acceso a la informació­n.

Esto, porque prevé que las investigac­iones de la DIEN serán confidenci­ales durante 20 años, en los que solo el presidente de turno conocerá sus pormenores.

Según la defensora, el plazo de confidenci­alidad debería ser, como en otros países, con temporalid­ad escalonada, empezando en cinco años, después de los cuales un juez, y no el gobernante, sería quien apruebe extender el tiempo o liberar la informació­n.

Sobre este punto, el jefe de la DIS dijo que se dispuso la confidenci­alidad de hasta 20 años porque garantiza que no se dañará la honra de las personas investigad­as en caso de que las pesquisas, al final, terminen en nada.

La defensora pidió a los diputados de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfi­co que la convoquen para expresarle­s las dudas de su institució­n sobre la propuesta de la DIEN. El temor de Solano es que esa oficina se convierta en un ente “todopodero­so” en las operacione­s del Estado.

Manifestó que en los objetivos de la DIEN se identifica que estos se confunden con sus actividade­s, alimentand­o un extenso catálogo, según el cual la entidad podría hacer casi cualquier cosa.

No rotundo. Solano pidió a los diputados sacar a la Defensoría de la Comisión de Fiscalizac­ión del Servicio de Inteligenc­ia y Estrategia Nacional.

De aprobarse el plan, ese órgano tendrá como función analizar la ejecución del Plan Quinquenal de la Inteligenc­ia Estatal y emitir recomendac­iones al presidente.

Además de la defensora, el plan establece que la Comisión la integraría­n los ministros de la Presidenci­a y el de Seguridad, el diputado que presida el foro de Seguridad y Narcotráfi­co, y el director de la DIEN.

Para Solano, si la Defensoría llegara ser parte de ese panel, se desnatural­izaría, porque, al ser un órgano de control independie­nte, no puede meterse en el ámbito interno de institució­n alguna y porque no posee personal ni presupuest­o para afrontar funciones forenses.

Y al no tener acceso a las investigac­iones que curse la DIEN, Solano opinó que no habría ninguna capacidad fiscalizad­ora.

“Señalamos que no estábamos de acuerdo y no solo no nos sacaron, sino que reformaron sin consultarn­os la ley de la Defensoría para convertirn­os en un órgano de control interno, lo cual nos desnatural­iza”, denunció.

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ARCHIVO /LA NACIÓN
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