Actuar a tiempo
Los últimos hechos de violencia en Limón nos entristecen. La pérdida de vidas inocentes, en una guerra de la que no somos participes, es un suceso lamentable. El problema de inseguridad no se limita a una región, pues casos similares han sucedido en Alajuela, la zona sur, San Carlos y San José.
Ante esto, me ahogan sentimientos de enojo e impotencia, al ver que las respuestas que se ofrecen son meros paliativos al calor de los eventos. Ninguna de ellas atacan el fondo de las causas estructurales.
Como respuesta ante tanto dolor, nos corresponde actuar con propuestas claras, eficientes y realistas. La Asamblea Legislativa debe alejarse de las acciones populistas y explicar las razones por las que no se han aprobado iniciativas fundamentales para combatir el crimen organizado. ¿Acaso no nos hace eso responsables por omisión de lo que está pasando en Costa Rica? ¿No nos convierte este atraso injustifica- do en cómplices de las muertes en esta guerra?
Esta probado que una forma de golpear estratégicamente al narcotráfico es a través de la incautación de los bienes provenientes de esa actividad ilícita. Por esa razón, somos los legisladores a los que nos pertenece la responsabilidad de aprobar los proyectos de Extinción de Dominio y Jurisdicción Especial Contra el Crimen Organizado que se suman al Proyecto sobre Impuesto a las Sociedades Anónimas para fortalecer la inversión en seguridad pública.
Solo dar ese paso, que muchos obstruyen por prejuicios ideológicos u otras razones menos dignas, generarían un cambio cualitativo en las condiciones del Es- tado para afrontar el crimen organizado. Contra las drogas. Junto con nuevas leyes, la actual coyuntura es también una oportunidad para discutir acerca del enfoque de la lucha contra las drogas y el narcotráfico.
Las experiencias internacionales demuestran que se trata, principalmente, de una cuestión de salud pública, de inteligencia y seguridad estratégica.
Las acciones represivas deben focalizarse en las organizaciones violentas para socavar su poder.
En el caso de los adictos, y que no causan ningún daño a otros, su criminalización, marginación y estigmatización es contra- producente. El Estado debe fortalecer los sistemas de salud para brindarles servicios de tratamiento y rehabilitación.
Los diputados deben aprobar los proyectos para fortalecer la inversión en seguridad
Construir nuevas oportunidades de empleo, educación, deporte y movilidad social en los barrios y comunidades donde se han instalado los líderes del narcotráfico, es parte fundamental del camino para terminar con la violencia. El tiempo de actuar es ahora.