Gobierno esconde por decreto informes de Brasil
ASostiene que documentos pueden comprometer las relaciones bilaterales
El gobierno de Luis Guillermo Solís firmóuna “declaratoria de reserva” sobre 12 memorandos elaborados por la Embajada de Costa Rica en Brasilia y relacionados con la crisis política en Brasil, para evitar que sean divulgados a la opinión pública.
Se trata de informes que tenían como objetivo alimentar de datos la diplomacia costarricense, pero que la Cancillería considera que contienen “asuntos que pueden comprometer las relaciones bilaterales” con ese país suramericano.
Esos documentos fueron requeridos por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, quien también presentó, el miércoles 4 de octubre, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, en aras de que los magistrados obligaran a revelar su contenido.
El legislador del PLN hizo pública la exigencia el 29 de setiembre en el Congreso, durante la comparecencia del canciller Manuel González, luego de que el jerarca rehusara explicar las razones del desaire que el presidente Solís le hizo a su homólogo brasileño, Michel Temer, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el pasado 20 de setiembre.
Ese día, Solís y el resto de la delegación costarricense abandonaronla saladesesiones de la ONUcuando seanunció queTemer emitiría su discurso. También salieron las representaciones de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua.
Sin embargo, ahora, con este decreto, el cual fue firmado por el mandatario Solís y el canciller González el 3 de octubre pasado y que entró en vigencia este martes –luego de su publicación en el diario digital La Gaceta–, el Poder Ejecutivo pretende que nadie pueda tener acceso a los memorandos.
“La declaratoria de reserva sobre los referidos documentos implica que no habrá acceso a ellos por parte de ninguna persona física o jurídica, nacional o extranjera, y los destinatarios a quienes se dirigen o a quienes les fueron copiados dichos informes por parte del embajador de Costa Rica ante la República Federativa del Brasil, deberán guardar estricta confidencialidad en relación con los mismos”, reza el decreto N.° 39944RREE.
También se establece que la reserva se mantendrá hasta que el canciller crea que el asunto que tratan esos informes “no compromete las relaciones exte- riores de la República”.
El Gobierno emite esa declaratoria en atención al artículo 140, incisos 1, 6, 12 y 16 de la Constitución Política y con base en dos dictámenes de la Procuraduría General de la República, donde se sostiene que constituyen secreto de Estado los asuntos relacionados a la seguridad, la defensa nacional y relaciones exteriores.
“Las materias dichas competen alPoder Ejecutivo, por lo que corresponde a este poder declarar qué determinados hechos, informaciones o documentos son atinentes a la seguridad externa e interna de la República, la defensa nacional o las relaciones exteriores y que, por ello, su revelación perjudicaría los intereses estatales y el orden público”, señala un dictamen, el C-239-95, del 21 de noviembre de 1995.
“En este caso se hizo este aná- lisis (de la diferente jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República) y se determinó que, efectivamente, podrían existir elementos en esos informes que comprometieran las relaciones bilaterales con Brasil y, sobre la base de eso, se ejerció la facultad del Poder Ejecutivo”, explicó la directora Jurídica de la Cancillería, Natalia Córdoba.
El congresista Rolando González se mostró asombrado con la decisión de Zapote de decretar reserva sobre esos memorandos. Él asegura que el canciller nunca mencionó la firma del decreto. González presentó ayer otro recurso de amparo, esta vez contra la declaratoria de reserva, en el cual pide a los magistrados declarar que no es un instrumento jurídicamente válido para limitar su acceso a los memorandos. Asombro
“ESTE ES EL GOBIERNO DEL OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. INTENTAN ACALLAR MI SOLICITUD. LE CORRESPONDE A LA SALA IV DIRIMIR EL ASUNTO. OJALÁ LOS MAGISTRADOS SE INCLINEN POR EL INTERÉS COLECTIVO Y NO POR LAS OCURRENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. Rolando González Diputado liberacionista