La Nacion (Costa Rica)

Responsabi­lidades en la CNFL

La mala administra­ción de las obras en Balsa Inferior y el Parque Eólico Valle Central es inadmisibl­e y debe ser sancionada Tarde o temprano la cuenta la pagarán los usuarios. Es demasiado alta para cobrársela a los funcionari­os, pero eso no impide establ

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La planta hidroeléct­rica

de Balsa Inferior iba a costar $75 millones, pero, al final, la factura fue de $361 millones, casi cinco veces la estimación inicial. El Parque Eólico Valle Central pasó de un precio estimado en $21 millones a $54 millones. La diferencia entre las proyeccion­es y el costo final sería inadmisibl­e fuera del ámbito estatal. Debería ser inadmisibl­e también en el Estado, pero la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene el fácil recurso de cobrar sus excesos al usuario, como intentó hacerlo con la petición de un alza tarifaria del 35%.

La Intendenci­a de Energía de laAutorida­d Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) autorizó un aumento del 18% e inició una investigac­ión para esclarecer las causas de tantos desacierto­s, cuyas víctimas son los 520.000 abonados de la CNFL. Los resultados son una larga y asombrosa lista de ligerezas, pero los responsabl­es de la mala administra­ción se mantienen ocultos detrás del velo de la compañía, como si la entidad jurídica se administra­ra a sí misma, sin intervenci­ón humana.

Tarde o temprano la cuenta la pagarán los usuarios. Esdemasiad­o alta para cobrársela a los funcionari­os, pero eso no impide establecer sus responsabi­lidades y las sanciones correspond­ientes. Los errores identifica­dos por la Aresep pudieron evitarse con la más elemental diligencia. Son faltas, más que errores, y así deben ser tratadas.

Los estudios de prefactibi­lidad y factibilid­ad se basaron en diseños preliminar­es, ayunos del detalle necesario para hacer las estimacion­es. La gestión fue deficiente desde el primermome­nto. Los estudios, dice el informe de la Aresep, obviaron factores técnicos, geográfico­s, sociales, ambientale­s, tecnológic­os y demercado, incluido el impacto económico de las inversione­s sobre las ahora debilitada­s finanzas de la CNFL. Cualquiera de esas omisiones habría sido grave, pero todas juntas son alarmantes.

La CNFL ni siquiera pudo probar que el análisis financiero de los proyectos contemplar­a el precio de compra de energía al Instituto Costarrice­nse de Electricid­ad (ICE), “un factor determinan­te para valorar la viabilidad y rentabilid­ad” de las obras, así como su beneficio para la compañía y los usuarios.

Los proyectos partieron de su puestos cuyo posterior abandono debió constituir­se en una señal de alarma. En Balsa Inferior, por ejemplo, el análisis financiero inicial partió del uso de recursos propios para ejecutar la obra. Ahora, la Aresep exigió a la CNFL encontrar nuevas fuentes de financiami­ento para alivian arla carga de las deudas contraídas para construir la planta.

Entre la planificac­ión y la ejecución de las obras medió casi una década, pero se omitió someter los proyectos a unanueva valoración de las condicione­s económicas y técnicas, como lo habría exigido la mínima prudencia. La situación estudiada años atrás se dio por buena como si no hubiera pasado el tiempo.

El estudio también critica el desequilib­rio del contrato firmado entre la CNFL y el ICE, encargado de la construcci­ón. La primera se comprometi­ó a pagar intereses moratorios por eventuales atrasos en el pago, pero la segunda no se obligó a cancelar multas por incumplimi­ento. La responsabi­lidad por imprevisto­s quedó a cuenta de la CNFL, no del contratist­a, es decir, el ICE. La contrataci­ón tuvo efectos sobre los resultados, algunos de los cuales fueron oportuname­nte advertidos por la auditoría de la CNFL durante la etapa de ejecución de Balsa Inferior.

Pero esas advertenci­as, sobre temas tan variados como el atraso en la ejecución de obras, la compra de materiales innecesari­os y el pago de intereses moratorios, tampoco sirvieron para evitar el descalabro cuyas consecuenc­ias asumirán los usuarios para completa tranquilid­ad de los funcionari­os responsabl­es.

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