Hueco en pensiones de la Corte alarma a diputados
AComisión en el Congreso plantea aligerar trámite de reformas legales
Los diputados de la Comisión Especial de Pensiones quedaron alarmados ante las revelaciones de los actuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y, por eso, analizan meter el bisturí al sistema jubilatorio de una vez, sin esperar a que los expertos emitan sus recomendaciones.
De hecho, el mismo día en que los actuarios presentaron el informe, la liberacionista Sandra Piszk dijo que deberían empezar a construir una propuesta legal, y el socialcristiano Johnny Leiva, presidente de ese foro, anunció que para finales de marzo empezarán a tramitar las mociones.
La revelación de los expertos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR que más generó alarma fue la del hueco de ¢5,3 billones en el régimen jubilatorio si siguen las condiciones actuales de cotización.
El único escenario alternativo que, por ahora, han tomado en cuenta los actuarios, es el de la iniciativa legal, que ya está en manos de los legisladores, propuesta inicialmente por los gremios, y que solo propone una reducción del déficit en aproximadamente ¢1 billón, o sea, que el déficit sería de ¢4 millones de millones.
El problema principal del hueco financiero es, según lo enfatizaron Ottón Solís y Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que los salarios de los empleados judiciales se pagan directamente con el Presupuesto Nacional que, a la vez, se nutre de impuestos de todos los costarricenses.
“Hay una amenaza enorme a las finanzas públicas porque, de acuerdo con la normativalegal, todo faltante en el Poder Judicial, si no se cambian las condiciones, tiene que cubrirse con el Presupuesto. El erario público tiene que cubrir eso; es un problema nacional seriesísimo”, adujo Solís.
Aporte. En un escenario supuesto, los actuarios afirmaron que, para poder financiar las pensio- nes de los actuales beneficiarios del régimen, los empleados activos tendrían que cotizar casi la mitad del salario (48,9%), mientras que su aporte actual es 26,6% (11% empleado + 14,36% patrono + 1,24% Estado).
El déficit que calculan los actuarios, cuyo estudio se basa en proyecciones a 100 años, es un 60% del plan de gastos del Gobierno Central para el 2017.
Solís cree que deben hacerse ajustes en el cálculo de la pensión y “salir de ese absurdo de los últimos 24 mejores salarios”, poner topes para que los excesos no se conviertan en realidad y que el Poder Judicial “abandone su convicción de que pertenece a un país petrolero”.