PAC busca pagar intereses a la Caja con dinero público
Oficina del TSE rechazó desembolso, pero Partido objetó ante magistrados Intereses son de deuda de ¢465 millones por cuotas obrero-patronales
El Partido Acción Ciudadana (PAC) pretende que el TSE le reembolse, con fondos públicos, ¢62 millones que debió pagarle a la CCSS por concepto de intereses moratorios.
Se trata de los intereses generados por un cobro de ¢465 millones que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le hizo al partido de gobierno por cuotas obrero-patronales que, en su criterio, no pagó entre el 2006 y el 2010.
El PAC alcanzó un arreglo de pago con la Caja en mayo del 2016, tanto por los ¢465 millones originales como por los ¢62 millones de intereses, el cual consiste en pagar en partes, a lo largo de 36 meses.
Y, al cobrar la deuda política del segundo trimestre del año pasado, la agrupación política le solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reembolsarle no solo el pago de la deuda, sino los intereses.
Sin embargo, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE rechazó la petición del PAC al considerarla improcedente, el pasado 16 de diciembre del 2016.
Esa oficina argumentó que, con recursos de la deuda política, solo se pueden reembolsar intereses generados por créditos bancarios o asumidos con alguna entidad supervisada por la Superintendencia General de Entidades Finacieras (Sugef).
Esa posición la sustenta con base en el Reglamento sobre el Financiamiento de losPartidos Políticos y en una resolución del TSE, de junio de 1999, que señala: “Las multas e intereses moratorios son una consecuencia inmediata, prevista en la Ley Constitutiva de laCCSS, ante el no pago oportuno de cuotas obrero-patronales. Esa sanción pecuniaria no es considerada en la legislación electoral como gasto reembolsable”.
No obstante, el PAC no quedó conforme con el rechazo y presentó una objeción ante los magistrados el 16 de enero pasado, que aún no ha sido resuelta.
El secretario g ene rala.i.d el Partido, Eduardo Solano, alegó que los criterios del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE no tiene asidero jurídico.
“ElPAC considera que las razones de objeción en cuestión carecen de sustento legal debido a que la normativa electoral y financiera no establece una restricción o distinción de intereses por morosidad, pago de honorarios, gastos administrativos y costas procesales que impida el reconocimiento de estos rubros”, afirmó Solano en la queja presentada al Tribunal.
¿Por qué el cobro? La deuda corresponde a cargas sociales que, en criterio de la aseguradora social, los rojiamarillos no pagaron por 490 profesionales y técnicos contratados durante casi cuatro años, entre julio del 2006 y marzo del 2010.
La institución también le achaca haber subdeclarado el salario de otros 25 empleados durante ese lapso.
La mayoría de las cuotas reclamadas corresponden al personal que el PAC contrató por servicios especiales para la campaña presidencial del 2010.
Por esos contratos, en diciembre del 2016, la agrupación fue condenada por una estafa en perjuicio del Estado, cuando el Tribunal Penal de San José concluyó que la mayoría de personas que fueron contratadas por esa modalidad no recibieron ningún pago, sino que trabajaron por voluntariado y que, en algunos casos, el servicio del todo no se brindó. A pesar de eso, fueron cobrados al TSE.