Gobierno adeuda aporte de ¢50.000 millones a IVM
La cuota estatal subió en setiembre, pero Hacienda se niega a pagar Gerente de Caja: ‘Nos dicen que están negociando, pero no hay nota oficial’
El Gobierno acumuló, en los últimos 10 meses, una deuda de ¢50.000 millones con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Se trata de la primera vez que el Estado se atrasa con los aportes al fondo de jubilación más grande del país.
La deuda corresponde a la cuota que debe pagar el Estado por el salario de cada trabajador. Hasta el 1.° de setiembre del 2016, la contribución era del 0,58%, pero la Junta Directiva de la CCSS decidió que a partir de ese momento subiera a 1,24% (0,66 puntos porcentuales más), con el objeto de recaudar ¢54.000 millones adicionales por año.
El aporte de los patronos se mantuvo en 5,08% y, en pocos días, el de los 1.450.000 trabajadores subirá en un punto porcentual en dos ajustes, tal y como lo dispuso la Junta Directiva desde enero.
Así, la cuota obrera pasará de 2,84% a 3,84%: el 1.° de julio, medio punto porcentual, y en un segundo momento, el resto a partir del 1.° de enero.
Con dicha medida, la Caja espera recaudar ¢100.000 millones más por año para afrontar la crisis financiera del fondo de jubilaciones que beneficia a 250.000 retirados.
Los ¢50.000 millones de la deuda del Estado es el pendiente acumulado a hoy.
De no saldarse la obligación, para final del año se sumarían otros ¢33.000 millones, para un total de ¢83.000 millones, según cálculos de La Na
cióncon base en datos entregados por la Caja.
El incremento de 0,66 puntos porcentuales en la cuota estatal lo acordó la Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como parte de las medidas de corto plazo mientras se deciden acciones de largo plazo, dado que, desde el 2012, los ingresos del fondo se hicieron insuficientes para pagar las pensiones.
Hacienda ha venido pagando el monto correspondiente a la cuota anterior (0,58%), pero no ha abonado el aumento, al cual se opuso desde un principio. Desde aquel año se toma parte de las ganancias de las inversiones para hacer los pagos.
Al detallar cómo ha ido la morosidad estatal en aumento, Jaime Barrantes, gerente de Pen- siones de la CCSS, dijo que de setiembre a diciembre del 2016, el acumulado llegó a ¢17.000 millones y, de enero a diciembre de este 2017, sumarán ¢66.000 millones más (los ¢83.000 millones ci- tados anteriormente).
Barrantes es quien afirma que esta es la primera vez enque el Estado se atrasa en sus obligaciones con el seguro de IVM.
La deuda histórica –aclaró– ha sido con el seguro de salud, que cubre los riesgos de enfermedad y maternidad.
Este año, la CCSS pretendía recoger ¢125.000 millones de la cuota estatal al IVM, ingreso que incluye la estimación por concepto del aumento en el aporte. Hasta el momento, Hacienda no ha comunicado oficialmente cuándo ni cómo saldará la deuda.
“Nos dicen que están negociando, pero no han enviado ninguna nota oficial”, manifestó Barrantes.
Desde el 8 de junio, este medio consultó al nuevo presidente ejecutivo de la Caja, Fernando Llorca, pero él delegó el caso en el Poder Ejecutivo.
envió consultas a Hacienda desde el jueves 15 de junio, pero no fueron contestadas al cierre de esta edición.
Medidas paliativas. El aumento en la cuota estatal es solo parte de las medidas de corto plazo que ha definido la Junta Directiva de la Caja en espera de una nueva reforma integral al régimen de IVM.
Un estudio actuarial de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica indicó que para mejorar la situación financiera del sistema, es necesario estimar, entre otras opciones, un aumento en la edad de retiro (actualmente, en 65 años), un alza en las cuotas o la disminución respecto del porcentaje que recibirá el jubilado.
El estudio determinó que, en el 2024, el IVM comenzará a usar las reservas del fondo para pagar las pensiones y, en el 2030, se agotarían esas reservas si no se toman acciones correctivas.
La reforma integral es analizada en una mesa de diálogo, integrada por empresarios, trabajadores y representantes del Estado. Dicho foro debería tener lista una o varias propuestas a más tardar el 17 de julio.
Los directivos de la CCSS son quienes definen los ajustes finales, pues así lo dispone la Constitución Política (artículo 73).
Empero, la discusión de la mesa de diálogo se halla atorada tras la salida temporal de los delegados patronales, que exigen al mandatario, Luis Gmo. Solís, aclarar su posición sobre el alza de un punto porcentual en la cuota obrera, otro de los remedios de corto plazo.