Sube presión por ley que quite bienes a la mafia
Los presidentes de los supremospoderes llamaron a los diputados a aprobar, de forma urgente, un proyecto de ley que permitirá arrebatarles bienes a personas sospechosas de estar ligadas al crimen organizado, y que no pueden justificar el origen de sus recursos, aunque no hayan sido condenadas penalmente.
Se trata del plan conocido como ley de extinción de dominio, con el cual se pretende atacar las estructuras del crimen organizado.
En favor del texto se pronunciaron ayer el presidente de la República, Luis Guillermo Solís; el de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla; de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez; y el del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado.
“Hemos concordado la urgencia de solicitar la pronta aprobación de la ley de extinción de dominio, pues creemos quecuenta conun ampliogrado de consenso”, dijo Solís, tras la reunión al mediodía.
El mandatario resaltó que la aprobación del proyecto vendría a asestar un golpe a los grupos de crimen organizado, mediante el decomiso de bienes muebles (automotores), inmuebles (terrenos o edificaciones) y dinero en efectivo.
Chinchilla confirmó su respaldo al plan de ley, al tiempo que aceptó que se requiere hacerle ajustes.
“No se dirige un proceso contra personas, sino contra capitales, contra bienes, y ha sido exitoso en países como Guatemala y Colombia”, dijo.
El plan de extinción de dominio, planteado por Antonio Álvarez, plantea la posibilidad de que las autoridades judiciales les arrebaten propiedades, dinero u objetos a personas sospechosas de participar en crimen organizado, y que no puedan justificar su origen.
En la doctrina, esta figura se conoce como el “decomiso sin condena”, y es la respuesta a flagelos como el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo y la trata de personas.