Diputados aprobaron plan de Jupema con datos contradictorios
Hacienda, Jupema y administración del IVM dieron a comisión datos diferentes
El pasado 7 de junio, la Comisión Plena Primera aprobó, en primer debate, el proyectoque permitirá a un grupo de docentes pasarse del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema). Esto, pese a que tenían información contradictoria sobre el impacto financiero de la medida.
Así lo reconocieron el presidente de esa comisión, el liberacionista Juan Marín, y varios jefes de fracción, en una carta dirigida este martes a la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, en la que le solicitaron coordinar y mediar un proceso “que permita dilucidar y aclarar las diferencias que se han planteado”, dice la nota.
“Durante el proceso de tramitación de dicho expediente, se ha solicitado en reiteradas ocasiones y mediante diversos mecanismos, la estimación del impacto económico de dicho proyecto de ley (sobre el régimen IVM). No obstante, a la fecha, la información que se ha proporcionado es contradictoria”, se lee en el segundo párrafo de la carta, de la que La Na-
ción tiene copia. A pesar de esas contradicciones, tres diputados de Liberación Nacional, tres de la Unidad Social Cristiana, tres del Frente Amplio y una de Acción Ciudadana, aprobaron el plan ese 7de junio, al optar por creer los datos dados por la Jupema, según los cuales el eventual traslado de cotizantes no le costaría más de ¢200 millones al Estado.
No obstante, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estimó en ¢52.000 millones la pérdida que le provocaría al IVM este proyecto, y un día después, Hacienda alertó de que el traslado ensancharía el hueco en las finanzas del Gobierno Central entre ¢11.000 millones y ¢32.000 millones anuales, al presionar la partida del Presupuesto Nacional destinada a pagar pensiones financiadas con impuestos o endeudamiento.
Mediación y suspensión. Al surgir estas críticas, los diputados congelaron el proyecto. De hecho, la noche de este miércoles, la Comisión Plena Primera acordósuspender porun mesel trámite de la iniciativa antes del segundo debate.
Ante la carta promovida por la jefa de la fracción liberacionista, Karla Prendas, la defensora Solano explicó que la falta de claridad sobre el verdadero impacto del proyecto preocupa a su institución.
“La carta nos tomó por sorpresa, en primer lugar, el párrafo en el cual señalan (los diputados) que hay contradicciones en las cifras”, indicó. “Nos preocupa esa situación, pasado ya el primer debate”, agregó Solano, quien adelantó que no aceptará la solicitud pues alegó que la Defensoría no fue consultada sobre el fondo del proyecto antes de ser votado y considera que lo que hace falta es un estudio matemático que aclare el golpe para el IVM.
“¿Cómo vamos a negociar las matemáticas? Lo que están solicitando es objeto de un estudio técnico, no objeto de una mediación. Ese estudio técnico lo debieron solicitar antes de aprobar el proyecto en primer debate. No nos consultaron y ahora quieren que mediemos”, cuestionó la defensora.
Ante lo sucedido, Marín rechazó que la votación del primer debate ocurriera a ciegas. “No creímos en las cifras del Ministerio de Hacienda porque se fueron al extremo (...). Mientras Jupema calcula que la pensión de los beneficiarios iría entre los ¢900.000 y ¢1,2 millones, Hacienda estima que sería de entre ¢1,8 millones y ¢3,8 millones”, dijo el diputado, al lamentar la negativa de Solano.
Natalia Díaz, jefa de fracción del Movimiento Libertario, sí considera que haber buscado las estimaciones después de aprobar el plan demuestra que la Comisión Plena Primera votó “a ciegas” y explicó que firmó la carta dirigida a la defensora, aunque su grupo ya fijó una posición en contra del proyecto de ley en cuestión.