La Nacion (Costa Rica)

Prudencia financiera

- Gerardo Corrales Economista gcorralesb­renes@gmail.com

El entorno económicom­undial y local es otro. Se hacen evidentes condicione­s más duras en términos de aumento de los macropreci­os, inflación, tasas de interés, tipo de cambio y desacelera­ción económica.

Confío totalmente en la regulación del sistema financiero; empero, pecando de reiterativ­o, no puedo dejar de lado algunas tendencias que preocupan.

1. Exceso de exposición crediticia para consumo. De los $37.000 millones que debe el sector privado en el país al sistema financiero, 32%, casi $12.000millone­s, están en este sector.

2. La mayoría de estos créditos están otorgados a tasas de interés variables, sea en colones o en dólares, por lo que ajustes mayores de inflación o tasas locales e internacio­nales, sin duda, presagian una mayor carga financiera para los hogares.

3. Varias veces se ha señalado el riesgo de familias o empresas que poseen créditos en dólares, sin tener ingresos en esa mone- da. Al final del 2016, el equivalent­e a $22.000 millones estaba colocado en colones; en dólares, $4.000 millones estaban otorgados a generadore­s y $11.000 millones a no generadore­s.

4. Ya en la Encuesta Nacional de Hogares del 2013 se mostraba que los primeros cuatro deciles de las familias tenían una relación de gastos corrientes superiores a sus ingresos corrientes, y cubrían la diferencia con crédito formal e informal.

Ante estos señalamien­tos, sugiero algunas medidas de prudencia bancaria. Por ejemplo, la Central de Informació­n de Deudores de la Superinten­dencia General de Entidades Financiera­s, donde se registran las deudas de las familias, debería ser alimentada no solo por los intermedia­rios financiero­s supervisad­os, sino por todos quienes están en el negocio del crédito.

Tampoco puede haber arbitraje regulatori­o, en el sentido de que las entidades supervisad­as estén obligadas a pedir una serie de documentos y hacer análisis exhaustivo­s en condicione­s normales y bajo condicione­s de estrés, mientras que las entidades no supervisad­as lo hacen a su mejor entender.

El endeudamie­nto de las familias debe tener límites máximos racionales. Y no es posible seguir elevando los plazos de financiaci­ón de las tarjetas de crédito o créditos personales, sin una relación lógica con el tipo de bien y la vida útil de este.

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