MOPT baraja tomar buses de empresas si deciden ir a paro
Intenta garantizar el servicio Ministerio consulta a Procuraduría si puede sacar unidades de predios de transportistas Malestar contra modelo tarifario Buseros descartan una suspensión general, pero no acciones individuales de compañías
“SE ESTÁ ANALIZANDO LA POSIBILIDAD DE HACERLO (ENTRAR A LOS PREDIOS Y TOMAR LOS BUSES), SI NO ES POSIBLE, ASUNTOS JURÍDICOS O LA PROCURADURÍA NOS LO VA A SEÑALAR, ELLOS (LOS BUSEROS) NO TIENEN POR QUÉ PREOCUPARSE. Carlos Ávila Asesor legal del CTP
“ESTÁN EN EL DERECHO DE HACER LAS CONSULTAS QUE QUIERAN (...), PERO TENEMOS EN EL CTP UN ORGANISMO QUE REPRESENTA UN RETROCESO PARA EL SECTOR Y NO HAY POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MODERNIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO. Alfredo Villalobos Asesor empresas Guilial S. A. y Biusa S. “MARIO ZÁRATE TRATA DE TOMAR PREVISIONES ANTE UN POSIBLE PARO DE EMPRESAS DE BUSES, PERO EN NINGÚN MOMENTO HE ESCUCHADO QUE SE ESTÉ PREPARANDO ESTE TIPO DE MEDIDAS. LA CONSULTA NO ERA NECESARIA PORQUE ESTE PAÍS LO RESOLVIÓ (FALLO DE 1981). Luis Diego González Propietario Discar S. A.
Intervenir los predios de las empresas autobuseras que paralicen el servicio de forma “intempestiva”, para tomar las unidades y reactivar el servicio de transporte público es una posibilidad que baraja el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ante posibles paros.
El 13 de junio, 12 rutas josefinas interrumpieron labores en protesta por el nuevo método para el cálculo de tarifas, el cual no reconoce, según los transportistas, gastos de mantenimiento, el lavado y horas extra de choferes, entre otros.
Ese día, la suspensión de los recorridos obligó a 60.000 personas de comunidades como La Carpio, barrio México, La Uruca y barrio Escalante a buscar otros medios de transporte como microbuses piratas o taxis.
Por tal razón, el Consejo de Transporte Público (CTP), adscrito al MOPT, pidió a su Dirección Jurídica analizar si el Estado tiene potestad para “entrar a los predios y hacer uso de los equipos que han sido autorizados por el Estado para la prestación de un servicio público”.
La solicitud consta en un oficio enviado, el 16 de junio, por Mario Zárate, director ejecutivo del CTP, a los miembros de la Junta Directiva de esa entidad. Además, requirió que se traslade la consulta a la Procuraduría General de la República.
“No estamos previendo un paro de transportistas generalizado, pero estamos tomando esta iniciativa comounaeventual medida de contingencia ante situaciones que en el futuro se podrían presentar con las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? El paro que tuvimos fue una si- tuación que no se había presentado antes y por eso se está valorando esta alternativa y, en caso de que se vuelva a presentar, saber con qué alternativas contamos”, explicó Carlos Ávila, asesor legal de la Dirección Ejecutiva del CTP.
El funcionario dijo que la Dirección Jurídica podría tardar dos meses en emitir un criterio.
Preocupación. La gestión del CTP despertó preocupación en varias entidades de buseros.
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportistas, afirmó que las autoridades de transporte deben recordar que el servicio de buses es público, pero los activos usados son privados.
La dirigente garantizó que no están planeando un paro nacional, pero no descartó que algunas empresas tomen medidas de presión individuales.
Alfredo Villalobos, asesor de las compañias Guilial S. A. y Biusa S. A., firmas que suspen- dieron su servicio el 13 de junio, calificó de inviable la idea del Consejo.
“Están en el derecho de hacer las consultas que quieran (...), pero tenemos en el CTP un organismo que representa un retroceso para el sector y no hay políticas públicas para modernizar el transporte público”, argumentó Villalobos.
“Se está analizando la posibilidad de hacerlo (entrar a los predios y tomar los buses); si no es posible, Asuntos Jurídicos o
la Procuraduría nos lo va a señalar, ellos (los buseros) no tienen por qué preocuparse”, puntualizó Ávila.
Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), calificó de “afrenta” y “manipulación” la estrategia de algunas empresas de suspender el servicio de buses para presionar alzas en las tarifas.
Según dijo, el Estado sí puede entrar a los planteles de buses y tomar los vehículos autorizados para el servicio, pues, la Ley de Transportes Remunerado de Personas obliga a las empresas a no suspender el servicio.
Además, afirmó que la ley de creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ( Aresep) establece que todos los bienes con los que se presta un servicio público son de interés público.
El artículo 18 de esa legislación señala: “Los prestatarios no podrán levantar los equipos ni las instalaciones indispensables para brindar el servicio público, sin autorización escrita de la entidad competente”.