La Nacion (Costa Rica)

Estudio de UCR prevé deterioro en pensiones de Corte a partir del 2029

ASostiene que sistema se debilita por jubilación del 100% del salario AOtros efectos negativos son los montos sin tope y baja edad de retiro

- Óscar Rodríguez A. oscar.rodriguez@nacion.com

El estudio actuarial a las pensiones de la Corte, hecho por la Universida­d de Costa Rica (UCR), prevé que el Fondo de Jubilacion­es comience un deterioro a partir del 2029.

En ese momento, las contribuci­ones al régimen serán insuficien­tes para pagar las pensiones y se tomarán los intereses generados por las inversione­s de la reserva para hacerle frente al pago mensual de jubilacion­es.

No obstante, será el inicio de los problemas del régimen de pensiones, pues, en 2040, la reserva comenzará a disminuir y se agotará en el 2048.

Tales proyeccion­es fueron descritas en el informe final del Estudio Actuarial al Fondo de Jubilacion­es y Pensiones del Poder Judicial, elaborado por el Instituto de Investigac­iones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR.

Los escenarios críticos se cumplirían si no se realizan cambios a las actuales reglas de los beneficios de jubilación y de cotización del sistema.

Por tal razón, el informe de la UCR urgió a la Corte a acoger las propuestas de reforma legal del estudio para revertir la actual insolvenci­a actuarial del Fondo, se detalla en el documento del pasado 4 de julio.

La Universida­d recomendó un fuerte recorte en los beneficios de jubilación como elevar de 60 años a 65 años la edad de jubilación, que el aporte de empleados y pensionado­s pase del 11% al 15%.

La propuesta del documento es aplicar las reformas de manera inmediata y sin gradualida­d, una vez que sean aprobados en el Congreso.

“El régimen no tiene solvencia actuarial; si no se toman las medidas en este momento, la situación se hará más grave. El Fondo hoy no tiene pérdidas, pero deben tomarse decisiones para que en el largo plazono se deteriore”, recalcó José Antonio Cordero, director del IICE.

Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, afirmó que la entidad acatará las recomendac­iones técnicas del estudio.

“El Poder Judicial siempre ha estado claro de la urgencia de adoptar cambios y por ello impulsó, desde el año 2013, un proyecto de ley; es decir, desde la misma institució­n es que surgen, en primera instancia, las propuestas de reforma al Fondo”, aseguró Romero.

Los especialis­tas de la Universida­d de Costa Rica fijaron, en marzo anterior, el déficit del fondo en ¢5,36 billones.

El origen. El director del IICE dijo que el estudio no realizó valoracion­es sobre las decisiones tomadasen elPoder Judicialen el pasado.

Empero, aceptó que el marco actual de beneficios de jubilación hace insostenib­le el régimen en el futuro.

Entre las observacio­nes señaladas en el informe, están que el monto de la pensión es el 100% del promedio de los últimos 24 salarios recibidos por el trabajador.

También, que actualment­e no hay tope de pensión, lo que permite casos de pensiones de más de ¢9 millones.

La Superinten­dencia de Pensiones (Supén) y la Auditoría Judicial también han denunciado, en los últimos años, excesos en el otorgamien­to de beneficios de pensión.

Por ejemplo, se han aprobado jubilacion­es a funcionari­os con menos de 55 años o que a 435 retirados se les pagó de más ¢7.200 millones, entre el 2000 y el 2014, pese a que no tenían derecho.

La directora del Poder Judicial expresó que los beneficios siempre se han entregado apegado a la normativa vigente.

Advertenci­a. El estudio de la UCR reiteró que ni la propuesta de reforma de la Corte ni la de los trabajador­es reducen, de forma significat­iva, el déficit actuarial del régimen.

Además, criticó que en ambas iniciativa­s hayaunartí­culo transitori­o, el cual posibilita a algunos trabajador­es judiciales, con derecho a pensionars­e en un plazo de cinco años, mantener los actuales beneficios del régimen.

Dicha medida permitiría a un grupo de 3.000 empleados acceder a una pensión de lujo.

“El transitori­o pospone los ajustes y por lo tanto afecta negativame­nte los ingresos del fondo (...). Una decisión en esta dirección puede inducir a los administra­dores y agentes políticos a realizar gestiones para incluir a grupos sucesivame­nte más numerosos”, enfatizó el informe actuarial.

Asimismo, cuestionó la posibilida­d de que se suavice lacontribu­ción solidaria al régimen.

El IICE propuso un aporte del 50% sobre el monto de la jubilación que exceda el tope de los ¢4 millones recomendad­o.

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