Solís ordena a ministerios detener nuevas compras de bienes y servicios
Presidente decretó medida en respuesta a crisis de liquidez
El presidente Luis Guillermo Solís ordenó a los ministerios detener “todas” las contrataciones de bienes y servicios que se financien con recursos internos, como parte de las medidas para afrontar la crisis de liquidez del Gobierno.
Según la orden presidencial, todo proceso de compra que no haya empezado debe quedar suspendido, sin importar si se trataba de una contratación directa odeli citaciones abreviadas, ya sean públicas o internacionales.
En cuanto a los procesos que ya estaban en marcha, en recepción o en análisis de ofertas, será el jerarca de cada cartera quien deberá analizar si procede frenarlos o si son indispensables.
Lamedida afecta, por ejemplo, la compra de vehículos, la contratación de consultorías, el alquiler de edificios y la adquisición de cualquier tipo de equipo e insumo.
Si se producen debates sobre la necesidad de ciertas contrataciones, la última palabra la tendrá el presidente Solís.
El mandatario consignó la orden en el decreto que firmó el martes, el mismo día que anunció que su administración tiene problemas de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales.
La orden no incluye aquellas contrataciones que se financian con préstamos internacionales. Tal es el caso de las escuelas que se construirán con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la ampliación del tramo Limonal-Cañas en la carretera Interamericana Norte.
En el decreto, se insta a las entidades autónomas y demás poderes de la República a tomar las mismas medidas, en razón de que el exceso de gastos sobre los ingresos equivalió a un 5,2% del producto interno bruto (PIB) en el 2016 y de que el Banco Central estima que subirá a un 6,6% el próximo año.
Para el 2017, el Gobierno Central tiene un presupuesto de casi ¢411.000 millones para compras de bienes y servicios, lo que equivale a un 1,2% del PIB. Sin embargo, las instituciones descentralizadas son el mayor comprador en el sector público, con un presupuesto de ¢4,8 billones, es decir un 15,5% del PIB, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.
Estas partidas, sin embar- go, suelen tener un alto nivel de subejecución. Del 2010 al 2015, por ejemplo, solo se ejecutó un 57,1% de lo previsto.
Ahorro. El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, encargado de velar por los ingresos del Estado, confirmó la medida sobre la detención de compras.
“Se ordena revisar los procesos de contratación, adquisiciones para detener los que no han empezado y tratar de revisar los que ya están en camino para ver cuáles pueden detenerse, digamos, algunos procesos de licitación que no se hayan adjudicado, ver si no se adjudican.
”Es una medida que busca evitar una disminución de ingresos por una vía y un ahorro de gastos, por otra, y tratar con eso, de disminuir la presión que hay sobre el financiamiento del gasto para lo que queda del año”, expresó Rodríguez.
“Se establece que todas (las contrataciones serán detenidas) y, a partir de ahí, se analizará cuál de esas puede exceptuarse y llevarlas adelante (...). Dependerá de la justificación que den (los ministerios), o si se trata de una emergencia, o de una obligación ineludible. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo está contratando un espacio físico donde opere el personal encargado de ver las obligaciones de la Ley Procesal Laboral; probablemente no se podrá detener”, aseguró el viceministro.
Sobre las contrataciones con recursos externos, dijo, no habrá problema porque tienen el financiamiento”.
“SE ESTABLECE QUE TODAS (LAS CONTRATACIONES SERÁN DETENIDAS) Y, A PARTIR DE AHÍ, SE ANALIZARÁ CUÁL DE ESAS PUEDE EXCEPTUARSE Y LLEVARLAS ADELANTE (...). DEPENDERÁ DE LA JUSTIFICACIÓN QUE DEN (LOS MINISTERIOS), O SI SE TRATA DE EMERGENCIA. Fernando Rodríguez Viceministro de Hacienda