Proyecto libraría al Gobierno de pagar gasto desfinanciado
ASi deuda supera el 50% de PIB, dineros fijados por leyes se darán si se puede AProhíbe a los legisladores crear entes u obligaciones sin financiamiento
La reforma fiscal que el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, la semana pasada, introduce dos medidas para reducir presión sobre los gastos que los diputados crean por ley sin suministrar nuevas fuentes de financiamiento.
Por un lado, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas prohibiría a los legisladores asignarle al Estado nuevas obligaciones, entidades o funciones sin definir cómo se financiarán.
Con esa medida, el Congreso no podría aprobar, sin prever el financiamiento, el proyecto que crearía juzgados y tribunales especializados en crimen organizado ni el plan para quitarles los bienes a quienes no pueda demostrar cómo los adquirieron.
Los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia evalúan pedir la no aprobación de estas dos iniciativas, pues ambas generan más erogaciones y no establecen la forman en que el Poder Judicial hará frente a esas obligaciones.
La primera ya fue aprobada en primer debate; mientras que la segunda está en la corriente legislativa, a la espera de su primer aval.
“Todo proyecto de ley que implique un incremento en el gasto o la adición de nuevas funciones a la administración pública deberá ir acompañado de un plan que garantice su financiamiento de mediano y largo plazo con pleno apego a lo que establece el artículo 179 de la Constitución Política.
”Para tal efecto, deberán señalarse las nuevas fuentes de financiamiento o recortes de gasto, acorde con lo dispuesto en este artículo”, señala el borrador puesto a consulta por el Ministerio de Hacienda. Según disponibilidad. Por otra parte, el texto establece que si la deuda pública del Gobierno Central supera el 50% del producto interno bruto (PIB), el Poder Ejecutivo girará dinero a los destinos específicos creados por ley según sus posibilidades, sin obligación de cumplir con los porcentajes fijados en leyes.
En el 2016, el endeudamiento estatal subió aun45% de laproducción del país y la calificadora de riesgo Fitch Ratigns calcu- la que ascenderá al 60% en la próxima década si el país no toma medidas fiscales.
Dentro de los destinos específicos legales están, por ejemplo, el 6% del ingreso por impuesto de la renta para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el 7,25% del impuesto a los combustibles para las municipalidades y el equivalente a 593.000 salarios base del Poder Judicial para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Este año, por ejemplo, el Gobierno se vio obligado por una sentencia judicial a asignar ¢48.000 millones más al PANI para cumplir con la obligación, aunque no tenía el dinero. Los recursos debieron ser financiados con deuda y se destinaron a cubrir 845 nuevas plazas.
Para este año, el Ministerio de Hacienda asignó ¢806.000 millones a la partida de destinos específicos legales, donde se incluyen esos rubros. Esa suma representa el 9% del plan de gastos de ¢8,9 billones.
Ese renglón creció casi un 140% en 10 años. En el 2008, consumía ¢339.000 millones y equivalía al 6,9% del Presupuesto Nacional.
La nueva propuesta fiscal del Gobierno, dada a conocer el jueves pasado a los congresistas, es una reacción al anuncio de falta de liquidez que lanzó el presidente Luis Guillermo Solís, el 1.° de agosto, en cadena nacional.
En esa oportunidad, Solís alertó de que su administración estaba sin recursos para hacerles frente al pago de obligaciones ordinarias, como el giro de ayudas sociales.