Aplazada operación de tribunales contra el crimen organizado
AJerarca de Corte estima que necesitan dos años para contar con dinero suficiente
Los presidentes de los tres poderes de la República acordaron, este miércoles, tomar acciones para aplazar la entrada en vigencia de la ley que crea tribunales especializados en delitos de crimen organizado.
El jerarca del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, quien planteó la iniciativa, dijo que se necesitan por lo menos dos años para tener recursos suficientes que le permitan establecer dicha jurisdicción.
La iniciativa legal aprobada en el Congreso en segundo debate, el 3 de setiembre, concede solamente 12 meses a la Corte para poner en funcionamiento la citada estructura, detalló el magistrado en conferencia de prensa, luego de la cita con el mandatario, Luis GuillermoSolís, y el presidente le- gislativo, Gonzalo Ramírez. También participó el jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones, Antonio Sobrado.
Ramírez explicó que la mejor salida es modificar la ley recién aprobada y no detener el trámite que se venía dando con el proyecto de ley.
El presidente Solís aseguró que la idea de la Corte es bienvenida, a la vez que resaltó la importancia de esa iniciativa y otras relacionadas con el combate a la inseguridad.
No obstante, enfatizó que el primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, están haciendo esfuerzos entre las instituciones para lograr mayores recortes a los ya efectuados en el Presupuesto Nacional del 2018, que se presentó a conocimiento del Congreso el pasado 1.° de setiembre.
Necesidades.
Solís aseguró que hay una serie de obligaciones que deben atenderse.
Entre ellas, citó las reformas al Código Procesal Laboral, Código Procesal Civil, los recursos para el Código de Familia y la Ley sobre Bienestar Animal.
En cuanto a la petición de recortes en el presupuesto delPoder Judicial, el magistrado Chinchilla aseveró que mejoraron la oferta de recortes que le habían hecho al Ejecutivo.
Dijo que pasaron de una propuesta para reducir los gastos previstos de ¢2.045 millones a ¢6.000 millones.
Además, consideró que los recursos para la aplicación del Código de Familia no serán los ¢27.000 millones previstos, sino solamente ¢3.000 millones.
Las modificaciones presupuestarias a que se refirieron Chinchilla y Solís serían introducidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el 2018.
Este plan de gasto es por un monto de ¢9,3 billones, con un crecimiento del 3,2% con respecto al Presupuesto Nacional de este año.