La Nacion (Costa Rica)

Plegarias financiera­s

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El directivo del BCR Alberto Raven manifiesta su confianza en Dios de que el deudor del crédito para importar cemento chino honre la obligación. Nos unimos a la plegaria A diferencia del caso del cemento chino, en el de Coopelesca ni siquiera cabe la mística confianza en la posibilida­d del pago. La pérdida ya se materializ­ó

En un arrebato

de misticismo, el directivo del Banco de Costa Rica Alberto Raven cierra un derecho de respuesta publicado ayer por este diario manifestad­o su confianza en Dios de que el deudor del crédito para importar cemento chino honre la obligación. Si no lo hiciera, la misma fe lo impulsa a desear que quienes han defendido el préstamo contribuya­n a impedir la pérdida de tanto dinero pertenecie­nte a los costarrice­nses.

Nos unimos a la plegaria, aunque probableme­nte Dios esté ocupado en otros asuntos y no se involucre en la rendición de garantías bancarias. Al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que preferiría­mos ver la fe de los directivos depositada en la idoneidad de los funcionari­os de la institució­n, en su probidad y en una gestión idónea para evitar la pérdida de fondos públicos.

Si la operación del cemento chino resulta ruinosa, esos funcionari­os son los responsabl­es. Don Alberto segurament­e los conoce, dados sus largos años en el Banco, incluso como presidente de la Junta Directiva. Entre rezo e invocación divina, haría bien en señalar cuáles actuacione­s y de quiénes le suscitan dudas. Así contribuir­ía a esclarecer el enojoso asunto investigad­o por el Congreso.

En el otro caso bajo examen de los legislador­es, el del préstamo a la Cooperativ­a de Electrific­ación Rural de San Carlos, R. L. (Coopelesca), la participac­ión de don Alberto despierta interés por su condición de fiscal de Holcim, directivo del BCR y abogado del bufete donde se concretó la venta de la planta de Aguas Zarcas, propiedad de la cementera, a la cooperativ­a sancarleña. La compra, financiada con$32,7 millones prestados por el BCR, se concretó por $35,3 millones.

Sin embargo, en los estados financiero­s de Holcim, la planta aparecía valorada en ¢6.121 millones ($12 millones, al tipo de cambio del 2017) y practicada­s las depreciaci­ones, la valoración era de ¢1.384 millones ($2,7 millones). A poco de comprada la planta, Coopelesca detuvo su operación para hacer reparacion­es mayores y urgentes.

En su condición de fiscal de Holcim, socio del bufete donde se hicieron las operacione­s y dueño de la empresa que medió como fiduciaria, don Alberto es el directivo del Banco mejor posicionad­o para conocer las circunstan­cias de la operación. No obstante, según explica, su injerencia es impensable porque los préstamos son aprobados por el comité de crédito. Con el mismo razonamien­to, las fallas que le obligan a volcar los ojos hacia el cielo en el caso del cemento chino no tendrían relación alguna con la Junta Directiva del BCR.

La comisión legislativ­a investigad­ora de los créditos todavía no está dispuesta a llegar a esa conclusión en ninguno de los dos casos, pero urge una invocación en favor del pueblo de San Carlos. A diferencia del caso del cemento chino, en el de Coopelesca ni siquiera cabe la mística confianza en la posibilida­d del pago. La pérdida ya se materializ­ó, pero los perjudicad­os son los sancarleño­s, no elBanco. El BCR saldrá bien librado porquelos costos se les trasladará­n a los clientes de la cooperativ­a, muchos de ellos humildes hombres y mujeres de campo. No en balde hablamos de una cooperativ­a de electrific­ación rural. Ahora bien, no hay mejor garantía. Quien no pague, se quedará sin luz.

En las tarifas de este año y el entrante, Coopelesca pretende cargar a sus 93.125 clientes ¢4.800 millones relacionad­os con costos del proyecto hidroeléct­rico Aguas Zarcas. El monto correspond­e al pago del crédito y la adquisició­n de energía a su propia represa, según la informació­n entregada el 19 de junio a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para respaldar una solicitud de aumento tarifario de 6,39 %.

Los equipos del proyecto hidroeléct­rico son obsoletos y están faltos de mantenimie­nto, dice un informe presentado en enero por la consultora CT Energías. Tan graves son los problemas que la planta lleva meses paralizada y Coopelesca se ha visto obligada a invertir una cantidad adicional de millones. Los administra­dores de la cooperativ­a rehusan precisar el monto. Según ellos, cuando de rendir cuentas se trata, Coopelesca es una entidad estrictame­nte privada, aunque en otras oportunida­des la presentan como de interés público.

Posiblemen­te, la cooperativ­a alegue esa condición para convencer al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) de venderle las tierras alquiladas por Holcim, en los años noventa, para conducir agua hasta la planta. Sin esa agua no hay hidroeléct­rica. Coopelesca compró, y el BCR financió, con plena conciencia de que el contrato de alquiler de las tierras vence el año entrante y, según sus estipulaci­ones, no puede ser renovado.

La cooperativ­a segurament­e invocará el interés público para convencer al Inder, cosa que Holcim no habría podido hacer. Sin embargo, el Estado deberá precisar con esmero en dónde reside el interés público. La renovación del alquiler o la venta de la tierra implicaría una nueva erogación para Coopelesca, cuyas pérdidas han aumentado desde la compra de la hidroeléct­rica. La cooperativ­a tendría una planta con serias exigencias de renovación ymantenimi­ento, con décadas de vida útil ya transcurri­das. El pueblo de San Carlos se vería obligado a enfrentarl­o todo mediante aumentos tarifarios.

Por el contrario, si el Estado se apega al contrato y lo deja vencer, una cláusula del convenio de compravent­a entre Holcim y Coopelesca obligaría a deshacer el negocio facilitado por el crédito del BCR, la planta volvería a su propietari­o original y la inversión regresaría a Coopelesca. Las pérdidas de la cooperativ­a se limitarían significat­ivamente. ¡Te lo pedimos, Señor!

De lo contrario, las pérdidas no afectarán a “todos los costarrice­nses”, para utilizar la expresión del directivo bancario en relación con el caso del cemento, sino tan solo a los costarrice­nses residentes en San Carlos. Confiamos en Dios que don Alberto demuestre la misma sensibilid­ad hacia ellos y se conmueva, también, al constatar los perjuicios para sus bolsillos. Amén.

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