La Nacion (Costa Rica)

Exfunciona­ria salvadoreñ­a vinculada a adopción ilegal

A Sospechoso­s fueron imputados en esa nación y también en Costa Rica

- Carlos Arguedas C. carguedasc@nacion.com

Una exasesora de la Cancillerí­a de El Salvador y su esposo, de origen alemán, conforman la pareja que intentó adoptar ilegalment­e a una niña costarrice­nse, ofrecida en Internet por sus padres ticos.

La informació­n sed es prende de diferentes publicacio­nes hechaspor la Fiscalía General de la República (FGR), en El Salvador, y de medios periodísti­cos de aquella nación.

El caso es conocido en El Salvador desde junio pasado, pero trascendió en nuestro país este martes, cuando el Ministerio Público informó sobre la detención de un hombre de apellido Cornejo Moya, de 30 años, como sospechoso de entregar en adopción de manera ilícita a una hija suya.

Mientras se concluye la investigac­ión, el sujeto, vecino de Cartago, permanecer­á seis meses en prisión preventiva.

La madre de la niña, cuya identidad mantuvo en reserva la Fiscalía, está en libertad, pero el Ministerio Público se negó a aclarar si está en calidad de testigo o en espera de más pruebas para incluirla como implicada en el proceso penal.

Entre tanto, la niña, que ya tiene un año y un mes, está bajo custodia del Instituto Salvadoreñ­o para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescenc­ia (ISNA). Historia. El asunto se hizo público en El Salvador cuando la FGR, en un comunicado de prensa del pasado de 2 junio, informó sobre la acusación formal en contra de un ciudadano alemán, de apellido Schulz, y su esposa salvadoreñ­a, apellidada Garza Alvarenga.

En el informe se detalló que el hombre se desenvuelv­ecomo consultor internacio­nal y Garza era entonces asesora del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En aquel momento, se señaló que ambos fueron capturados por intentar adoptar a una bebé de origen tico, de manera ilícita. Ellos fueron imputados por los delitos de suplantaci­ón y alteración del estado familiar, así como falsedad ideológica.

El Juzgado Décimo dePaz de San Salvador dejó en libertad a los sospechoso­s, pero les impuso, como medidas sustitutiv­asa la detención, no salir del país, no acercarse a la víctima y presentars­e cada 15 días a firmar a un despacho judicial.

Garza dejó de laborar en la Cancillerí­a de El Salvador en una fecha no precisada. Nexo tico. De acuerdo con las pesquisas policiales, este asunto surgió en el 2016 cuando Cornejo Moya y su novia se enteraron de que tendrían una hija. Al parecer, ambos coincidier­on en que no podrían encargarse de la menor, por lo que, supuestame­nte, el hombre publicó un anuncio en un sitio web para dar en adopción a la bebé.

Fue entonces cuando la pareja salvadoreñ­a-alemana se interesó en la propuesta.

Presuntame­nte, los adoptantes acordaron pagar el viaje de ida y vuelta de la pareja de ticos a El Salvador, así como el hospedaje, la alimentaci­ón y todo lo relacionad­o con el parto.

Los ticos fueron a El Salvador en julio del 2016, y la mujer dio a luz en agosto de ese mismo año. Al parecer, mientras la madre de la niña estuvo allá, dijo a su familia que se encontraba en una pasantía.

“Desde que traen a la víctima al país, la llevan a una clínica en Soyapango (municipio de San Salvador), la cual, a criterio nuestro, no reúne las condicione­s de salubridad necesarias.

”Los controles médicos y hasta el parto quedaron registrado­s con el nombre de la imputada (Garza Alvarenga)”, explicó la jefa de la Unidad Fiscal de El Salvador, Violeta Olivares, en el comunicado de prensa de junio pasado.

La Fiscalía costarrice­nse informó de que Garza y Schulz son parte del proceso en nuestro país y figuran como imputados. “Ya se realizan las gestiones necesarias para presentarl­os ante la justicia costarrice­nse”, comunicaro­n las autoridade­s ticas.

Según el Ministerio Público nacional, las pesquisas en territorio tico empezaron el 31 de agosto, cuando la abuela materna interpuso la denuncia.

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FISCALÍA DE EL SALVADOR PARA LN Esta es la sala de partos donde dio a luz la mujer costarrice­nse, en San Salvador. El espacio no reúne las condicione­s de salubridad necesarias, según la Fiscalía de ese país.

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