13 centros denunciados por cobros indebidos
En el país, la educación preescolar, primaria y secundaria es gratuita y obligatoria.
Sin embargo, un padre, de apellido Odio, pagó ¢7.000 por el sobre de matrícula donde estaban anotados los requisitos. Esto ocurrió en un colegio de Desamparados, San José.
A Odio, además, lo obligaron a depositar en una cuenta bancaria del centro educativo ¢13.000 para inscribir a su hijo.
“Si no pagábamos los ¢13.000 para matricular, nos ponían a hacer una fila diferente de los padres que sí pudieron pagar. Al final, por todo el proceso de matrícula tuvi- mos que pagar ¢20.000. Si uno se queja, luego toman represalias contra el chiquito”, contó el padre de familia.
Por estos cobros, el Ministerio de Educación Pública ha recibido, desde noviembre, denuncias contra 13 centros educativos, las cuales son evaluadas por la Contraloría de Derechos Estudiantiles.
De hecho, el Ministerio instó a los padres a presentar estas quejas, en aras de garantizar el derecho fundamental a la educación.
Laura Chacón, coordinadora de la Contraloría, explicó que los centros solo pueden pedir una contribución voluntaria, sin definir un monto.
“Es importante que si se solicita una contribución de dinero, sea el monto que los padres quieran o puedan dar.
”Es importante que los padres sepan que los directores no puedencondicionar lamatrícu- la por el no pago de la cuota. Los padres pueden denunciar esta situación al director regional o a la Contraloría (de Derechos Estudiantiles)”, explicó Chacón.
Según la funcionaria, a un director que pida por este servicio público, se le puede abrir un proceso disciplinario.
La prohibición de cobrar por la inscripción de alumnos fue dejada en claro por la ministra de Educación, Sonia MartaMora, en una circular de diciembre del 2014.
“Con el fin de garantizar el acceso y equidad al sistema educativo nacional, a favor del derecho fundamental a la educación, se prohíbe a las autoridades de los centros educativos el cobro de matrícula obligatoria como requisito de admisión de los estudiantes”, advirtió la jerarca desde aquel momento.
En esa circular, Mora explicó que se facultaba a las autoridades de los centros educativos a solicitar, con carácter “voluntario”, la cooperación económica de los padres, pero no debe estipularse un monto mínimo ni trámite alguno, por parte del padre, para justificar la imposibilidad de cancelar el dinero.