Escudo contra el narco queda incompleto en este gobierno

Hubo avances, pero aún faltan por llegar aviones y radares

Los proyectos que quedarán inconclusos de un ambicioso plan para blindar el país contra el crimen organizado, anunciado en el 2017 por el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, son numerosos.

Para ser justos, también la propuesta presenta avances importantes, pero el funcionario es el primero en admitir que será imposible completarla en las 12 semanas que le restan al actual gobierno.

Así, no se pudo avanzar en la creación de un centro de monitoreo electrónico que integraría unas 2.000 cámaras de seguridad de las municipalidades de la Gran Área Metropolitana para combatir el tráfico de drogas al menudeo, así como asaltos y otros delitos.

Tampoco, en una red de detección primaria con radares e instalaciones en puntos vulnerables, pensada para fortalecer zonas como la península de Osa y el cerro Uatsi, en Talamanca, contra el trasiego de drogas en escala mayor.

Otras áreas donde el plan contemplaba actuar contra la droga y los capitales narco y que, por ahora, quedan pospuestas, son Barra del Colorado (Caribe norte), Vista del Mar (Pacífico norte), el aeropuerto de Los Chiles (cantón limítrofe con Nicaragua) y la zona fronteriza noroeste en El Murciélago, Guanacaste.

La lista de pendientes crece al citar tres helicópteros que prometió EstadosUnidos para este primer semestre, pero que llegarían a fin de año, pues la Cancillería está todavía resolviendo detalles para formalizar dicho convenio.

Igualmente, hasta finales del 2018, llegarían cuatro embarcaciones que Seguridad compró en $9 millones y están en construcción. Lo mismo puede afirmarse de dos aviones tipo Skytruck, donados por Estados Unidos, que toca- rían suelo nacional en junio.

Falta mencionar un radar que estaba funcionando en el aeropuerto Juan Santamaría y fue sustituido el año pasado. Se pensó en trasladarlo a Limón para la detección de aeronaves y barcos sospechosos en el litoral Caribe. Empero, aún sigue guardado en el Santamaría.

En fase de licitación está un equipo para evitar el ingreso de personas con deudas pendientes en otras naciones. Este costará casi $40 millones y usa bio- metrías para verificar que el pasaporte quemuestra un pasajero al llegar al país efectivamente es de quien aparece en la foto del documento.

Los dineros para la ejecución de este ambicioso plan provienen, sobre todo, del impuesto que se cobra a las sociedades anónimas y que el Ministerio de Hacienda transfiere al de Seguridad Pública.

Tales fondos representaron, en el último trimestre del 2017, unos ¢5.000 millones y para el 2018 podrían rondar los ¢20.000 millones, dijo Mata, aunque eso depende de la recaudación.

Pese a la entrada de esos fondos y de otros que, el año pasado, se giraron al Ministerio provenientes del presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia, la administración Solís debió lidiar, en los últimos tres años, con cifras nunca antes vistas en delitos como homicidios, que en el 2017 llegaron a 603, en su mayoría relacionados con ajustes de cuentas por drogas.

Al próximo gobierno le quedará la tarea de realizar un fuerte trabajo en materia de prevención. SegúnMata, urge generar empleo para sacar a la gente de la pobreza pues, a su juicio, la falta de oportunidades empuja a muchos a las actividades delictivas. “El problema no lo resuelve la Policía; solo lo puede contener mientras las instituciones que combaten pobreza y generan empleo hacen su función”, concluyó el jerarca.