Diluida en pequeñas causas denuncia por estafa contra PLN
Aparentes falsos alquileres de autos en campaña del 2010 Se responsabilizó a 90 dirigentes Ministerio Público optó por desagregar hechos y darlos a las fiscalías de cantones Caso de San José: ¢17 millones Expediente inicial de ¢400 millones se dividió en
En el 2012, el TSE denunció que el PLN habría estafado al Estado al cobrarle ¢400 millones por alquileres de vehículos que, al parecer, nunca existieron, y que fueron incluidos en la liquidación de los gastos de la campaña electoral del 2010.
El asunto, en el que se atribuía supuestas responsabilidades a 90 dirigentes, quedó en manos del Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República, en vez de investigar la denuncia como una sola, decidió desagregar el caso en 36 causas judiciales distintas con montos mucho más bajos a los ¢400 millones denunciados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El Ministerio Público optó por dividir los hechos por cantón y remitir los expedientes a las fiscalías correspondientes, según sus áreas de cobertura, a pesar de que cuenta con una unidad especializada en delitos electorales.
Seis años después, el caso de los ¢400 millones se redujo a una acusación contra nueve personas vinculadas al Partido Liberación Nacional (PLN) en el cantón Central de San José, por un supuesto perjuicio de ¢17 millones.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción reconoció que, por “una disposición de política de persecución penal fijada por la Fiscalía General de aquel momento”, se decidió que la Unidad de Delitos Electorales únicamente indagaría los hechos denunciados en San José.
En aquella época, el Ministerio Público lo lideraba Jorge Chavarría, a quien la Corte Plena suspendió en octubre anterior por un caso relacionado con el cemento chino.
Chavarría al final decidió adelantar su retiro para el 1.° de diciembre anterior, después de siete años en el cargo. tas fiscalías del país se encargaron de dirigir las averiguaciones de los hechos ocurridos en los 80 cantones restantes.
El resultado fue el siguiente: 18 causas fueron desestimadas; en seis se dictó sobreseimiento definitivo; y 11 todavía están en la fase preparatoria de investigación aún seis años después de presentada la denuncia.
Estos últimos casos están en las fiscalías del II Circuito Judicial de San José, Limón, San Ramón, San Joaquín de Flores, La Unión, Cartago, Tarrazú, Aguirre, Parrita, Golfito y Nicoya.
La primera. Esta es la primera ocasión en que la Fiscalía General desagrega por cantones un caso contra un partido político por hechos denunciados por el TSE a escala nacional.
En diciembre del 2016, el Partido Acción Ciudadana fue condenado civilmente por simular contratos de servicios especiales en las siete provincias.
Al Movimiento Libertario le ocurrió lo mismo en el 2015 por cobrar capacitaciones falsas en diversos cantones. Ambos ca- sos se tramitaron en expedientes únicos.
Este medio le consultó a la Fiscalía por qué la denuncia contra el PLN no se tramitó en unsolo caso. La oficina de prensa respondió: “Se trató de una decisión de política de persecución criminal tomada en sumomento por la Fiscalía General, con el objetivo de concentrar en ese despacho la investigación de todos los posibles hechos delictivos relacionados con la contribución estatal recibida por la mencionada agrupación política en el 2010”.