La Nacion (Costa Rica)

Contralorí­a rebate al BN por plazo para arranque de planta

AAmbas partes se contradice­n sobre si se podía o no dilatar inicio de operacione­s

- Natasha Cambronero natasha.cambronero@nacion.com

“UNA NOTA DE UNA SOLA DE LAS PARTES, NOSOTROS NO LA VERÍAMOS COMO UNA CONDICIÓN QUE MODIFIQUE EL CONTRATO, PORQUE TENDRÍA QUE HABER UN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES, EN DONDE SE ESPECIFIQU­EN LAS CONDICIONE­S EN QUE SERÍA AJUSTADO Y LAS CLÁUSULAS QUE SERÍAN AJUSTADAS. Allan Ugalde Gerente, Contrataci­ón Administra­tiva CGR

La Contralorí­a General de la República ( CGR) refutó al Banco Nacional (BN) en su versión sobre el proyecto hidroeléct­rico privado CapulínSan Pablo, para el cual la entidad giró $103,5 millones al consorcio Hidrotárco­les, con el inconvenie­nte de que la energía que produzca ya no sería comprada por el Instituto Costarrice­nse de Electricid­ad (ICE).

Esa compra de energía era la única garantía que tenía el BN sobre el préstamo.

El BN señaló, ante la comisión investigad­ora de créditos bancarios del Congreso, que el contrato entre Hidrotárco­les y el ICE permitía ampliar, por una única vez, el plazo para iniciar operacione­s.

No obstante, representa­ntes de la CGR declararon este martes que, según el contrato refrendado, la cláusula citada por el Banco permitía reducir el plazo para iniciar operacione­s, no así extenderlo. Para ampliarlo, la única opción era una adenda entre las partes y eso nunca ocurrió, apuntó AllanUgald­e, gerente de la División de Contrataci­ón Administra­tiva de la CGR, que refrendó el contrato en el 2012.

Hidrotárco­les debía terminar la obra, ubicada en Turrubares, en agosto del 2015, pero no lo hizo. En diciembre de ese año, el ICE inició el proceso de rescisión del contrato, que finalizó en enero pasado.

“En los términos en que se refrendó este contrato, se aclaró, de acuerdo con las manifestac­iones previas que nos hizo el ICE, que la cláusula se entendía en tanto el plazo no podía ser modificado para ampliarse, sino para reducirse”, insistió Ugalde. El funcionari­o repitió que, para modificar el contrato, ambas partes debían firmar un acuerdo que además requería un refrendo por parte de la Administra­ción del ICE.

“Tendría que haber toda una motivación que justifique la condición del cambio para que se apegue a la legalidad. Una adenda, una modificaci­ón contractua­l, no se podría hacer unilateral­mente”, explicó.

Banco sostiene versión. Este martes, en respuesta a una consulta de La Nación, el BN reiteró que “la cláusula contractua­l, conforme está escrita, permite tanto adelantar como retrasar la fecha garantizad­a de inicio de operación comercial y, por consiguien­te, si el ICE le había indicado a la Contralorí­a que la fecha solo podía adelantars­e, estaba obligado a modificar la cláusula del contrato en ese sentido para que todas las partes tuvieran claro que solo era posible adelantar la fecha”.

Sin embargo, “nunca existió una adenda al contrato que explicaraa­las partes loqueelICE le dijo a la Contralorí­a para obtener el refrendo del contrato”, agregó, en una versión que es coincident­e con la de Hidrotárco­les. Por eso, ambas entidades defienden que se postergara por dos años el inicio de operacione­s de la planta.

A nivel judicial, este caso está en manos del Tribunal Contencios­o-Administra­tivo, ante una querella planteada por Hidrotárco­les contra el ICE.

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JEFFREY ZAMORA En la fotografía se observa parte de los trabajos en la construcci­ón de la planta hidroeléct­rica privada Capulín-San Pablo, ubicada en Turrubares, propiedad del consorcio Hidrotárco­les.

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