Indígenas darán criterio de obras que los afecten
APropuesta incluye ocho pasos que toda entidad pública debe cumplir
Con casi tres décadas de atraso, desde que recibieron la primera promesa, 100.000 indígenas costarricenses lograron que el país se comprometiera a consultarles cualquier actividad que pueda afectar sus derechos en alguno de los 24 territorios que habitan.
En lista de espera de consulta está la construcción de acueductos en algunas de estas comunidades.
También, megaobras, como una enorme planta hidroeléctrica en la zonasur del país: el Proyecto El Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas.
El Gobierno firmó, este martes, el Decreto número 40.932 que echa a andar el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, para esos y otros proyectos que surjan en el futuro.
Fue calificado por la Presidencia como “el primero en América Latina desarrollado bajo el estándar de ‘consulta sobre la consulta’”.
“Son 24 años de deuda histórica, dos años y medio de trabajo y cientos de años de exclusión, racismo y violencia.
”Hoy estamos dando un paso importante para ir erradicando esta exclusión histórica a la que el Estado ha sometido a los pueblos indígenas”, dijo Ana Gabriel Zúñiga Aponte, viceministra de la Presidencia a cargo de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, y responsable de este proceso.
Este mecanismo tiene su origen en recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó en un boletín de prensa la Presidencia de la República.
Luego de dos años de trabajo, se logró que 22 de los 24 territorios indígenas del país suscribieran una guía con ocho pasos que obligan a las instituciones gubernamentales a preguntar a estas poblaciones cuando vaya a echar a andar cualquier proyecto en estas comunidades. R VEA RECUADRO APARTE.
Solo Alto Chirripó y Talamanca-Bribri no suscribieron el documento.
Según Zúñiga, la primera comunidad espera la resolución de un recurso de amparo, y, en el caso de Talamanca, la Asociación de Desarrollo local solicitó hacer un proceso interno antes de respaldar el mecanismo.
“Respetuosos de esa diná- mica, no queríamos imponer. Previendo eso y porque el mecanismo lo que busca es garantizar los derechos humanos de los indígenas, se estableció un transitorio en el decreto, para que en el momento que ellos superen estos asuntos pendientes, se puedan incorporar”, explicó la viceministra Zúñiga.
Costa Rica tiene 104.143 personas indígenas.