‘Un paso histórico en derechos de los pueblos indígenas’
Óscar Almengor Fernández, asesor indígena en el proceso de consulta e integrante de la comisión redactora, calificó el decreto como “un paso histórico en materia de derechos de los pueblos indígenas”.
“Es un mecanismo que, como todo documento, no es perfecto, pero tiene alcances importantísimos para nuestros pueblos. Hoy se materializó nuestra voluntad”, manifestó el vocero indígena.
En todo este proceso, que se inició en marzo de 2016 con la directriz 042-MP, participaron más de 5.000 pobladores autóctonos, en cerca de 120 actividades organizadas en los territorios indígenas del país.
El Sistema Naciones Unidas y la Defensoría de los Habitantes participaron como observadores de la iniciativa.
El 9 y 10 de febrero pasados, las delegaciones territoriales ratificaron el Mecanismo General por unanimidad, durante el II Encuentro Nacional de Consulta Indígena (ENCI).
El objetivo fue precisar cómo debería hacer el Gobierno las consultas de proyectos que pudieran afectar la calidad de vida de estas poblaciones.
“Lo que hace distinto a este mecanismoes que no fue realizado en la verticalidad, desde un escritorio en San José, sino que es el resultado de un arduo trabajo y del compromiso de funcionarias y funcionarios públicos, pero, sobre todo, de los pueblos indígenas, que al día de hoy están más empoderados y tienen más claridad de cómo relacionarse y cuáles son las vías para exigir y garantizar sus derechos humanos”, dijo la viceministra Ana Gabriel Zúñiga.
El mecanismo crea la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que estará en el Ministerio de Justicia y Paz, responsable de liderar operativamente todas las consultas desde el Gobierno. Por su parte, en cada territorio indígena estará la figura de ‘Instancia Territorial’, designada por la comunidad y a cargo de coordinar la logística de las consultas que se realicen.
El texto estará disponible en español, bribri, cabécar, ngäbere y maleku. “Con la firma de este documento para su publicación como decreto ejecutivo, Costa Rica cumple con una de las obligaciones establecidas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, enla Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, menciona el comunicado de la Presidencia.