Busero le metió cifra récord a campaña del PIN: ¢1.073 millones
→Ninguna otra persona física ha comprado tantos bonos en la historia
Raymond Salim Simaan Khachab
Ninguna otra persona física ha comprado tantos bonos en la historia electoral del país
De lejos con otros
El resto de los que adquirieron bonos apenas suman 51% de lo que invirtió el empresario
El empresario autobusero Raymond Salim Simaan Khachab desembolsó una cifra récord en esta campaña electoral al inyectarle ¢1.073 millones al PIN, el cual acudió a las urnas encabezado por el excandidato Juan Diego Castro.
Ninguna persona física o jurídica, externa al Sistema Bancario Nacional, le había girado tanto dinero a un partido político en la historia.
El récord anterior estaba en manos del empresario del entretenimiento Don Stockwell, quien le desembolsó ¢555 millones al Movimiento Libertario en el 2010, en apoyo a la tercera candidatura presidencial del legislador Otto Guevara por medio de la firmaEventos y Música Tropix II.
Raymond Salim Simaan le entregó el dinero al Partido Integración Nacional (PIN) mediante la compra de bonos de deuda política. Su desembolso casi duplica el dinero que otras 130 personas físicas invirtieron en cinco partidos políticos distintos.
El autobusero adquirió 37 certificados de cesión del PIN, por los cuales pagó ¢1.073 millones. Sin embargo, él podrá reclamarle al Estado ¢1.262 millones, porque, cuando el partido le vendió los bonos, le concedió un descuento de un 15% en cada uno. De esa manera, obtendría una ganancia de ¢189 millones, más los intereses que se otorgan mientras los certificados se convierten en efectivo de nuevo.
El tipo de interés es la tasa básica pasiva (TBP) más un punto porcentual. Hoy, el interés sería de 7,05%, pues la TBP está en 6,05%. Las tasas empiezan a correr a partir de esta semana, en la cual el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) asignó los montos de deuda política parti- daria. De los ¢1.073 millones dados por Raymond Salim Simaan para la compra de bonos, ¢56,5 millones fueron concedidos, en calidad de préstamo, lo que también puede implicar otro pago de intereses.
La Nación procuró obtener más detalles de la relación financiera entre esta agrupación y Simaan Khachab. Se le consultó al tesorero del Partido, Carlos Alvarado. Sin embargo, al ser llamado en una primera ocasión, dijo que estaba en una reunión y que no podía atender la llamada, sino en una hora. Pasado ese tiempo, no volvió a atender su teléfono celular, a pesar de varios intentos.
El PIN dispone de recursos suficientes para saldar ese débi- to. Según el número de votos obtenidos en las urnas, la agrupación puede acceder a unos ¢2.370 millones de la deuda política que, para este proceso electoral, superó los ¢25.000 millones.
No obstante, para que el Estadole reintegre eldinero al autobusero, el partido primero deberá comprobar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) –mediante una liquidación de gastos–, que invirtió correctamente los recursos.
Rónald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, afirmó que no es común que una persona física destine tanto dinero a una campaña electoral, pero que en la legislación no existe ningún tope establecido.
“No es usual que una sola persona física realice la adquisición de certificados de cesión por cifras superiores a los ¢1.000 millones en un mismo periodo electoral. En este sentido, considérese que, del 2009 a la fecha, este caso es el primero que alcanza ese monto”, manifestó.
Simaan Khachab es el empresario que, en junio del 2017, suspendió los servicios de autobús de La Uruca, barrio Escalante, barrio La Cruz y barrio México como una medida de presión para que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Consejo de Transporte Público (CTP) le aprobaran un aumento en la tarifa de los pasajes.
Y, posteriormente, ante la negativa de la Aresep de aprobar el alza tarifaria, renunció a la concesión de tres de las cuatro rutas: barrio Escalante, barrio La Cruz y barrio México, al alegar que caería en “quiebra”.
Los otros compradores. Otros 130 compradores de bonos podrán reclamar ¢652 millones; es decir, el 51% de la suma que desembolsó el autobusero a la campaña de Castro.
Solo 11 personas compraron certificados por más de ¢20 millones. La lista la encabeza Javier Quirós Ramos de Anaya, dueño de Purdy Motor, quien adquirió bonos, por ¢63,5 millones, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC). R VEA RECUADRO ADJUNTO.
Quirós también aparece en los registros de la Unidad Social Cristiana (PUSC), pero como donante. A esa agrupación contribuyó con ¢6 millones.
Posteriormente, se consigna el nombre de Rubén Acón Toy, quien lideró la papeleta de diputados del Partido Auténtico Limonense, en Limón. Él tiene certificados de cesión por ¢53 millones.
El tercer lugar lo ocupa el excandidato presidencial del PIN, con bonos por ¢40 millones.
Además, en el listado figuran Marcia González Aguiluz, presidenta del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), con ¢27 millones, y Gabriela Saborío, exsecretaria general de la agrupación, con ¢20 millones. Así se desprende de un análisis que realizó este medio de los registros de emisión y colocación de bonos de deuda que entregaron ocho agrupaciones al TSE al 15 de enero del 2018.
El único que no ha entregado datos es el Partido Restauración Nacional.
Tres de esas agrupaciones: PUSC, Liberación Nación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) no reportan la compra de bonos por parte de personas físicas o jurídicas externas al Sistema Bancario Costarricense.
En el caso del FA, los bonos que se colocaron fueron utilizados como medio de pago para servicios de publicidad, especialmente.
Sí registran el PIN, el PAC, el Republicano Social Cristiano y los partidos provinciales Auténtico Limonense y Unión Guanacasteca.
■