Otra dependencia.

presupuesto, más finas y equilibradas habrán de ser la decisión política y la administración de los recursos.

Sin embargo, normalmente, se confunden los roles del sistema y se demanda seguridad ciudadanaa la Fiscalía Generalya los jueces, desconociendo las funciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

Importa separar los conceptos de política criminal a cargo de la Asamblea Legislativa cuando decide qué conducta es delito y qué pena merece el transgresor de la ley penal; política de prevención en cabeza del presidente de laRepública y del ministro de Seguridad Pública, cuya finalidad es evitar que se cometan los delitos; y política de persecución penal bajo la responsabilidad de la fiscala general de la República, con el propósito de castigar los delitos consumados.

Obsérvese que la seguridad ciudadana —evitar que nos roben, que nos maten, que se trafiquen drogas, etc.— no corresponde a la fiscala general, sino al Poder Ejecutivo. En ese entendimiento, cuando exijamos seguridad, hagámoslo ante el presidente de la República y ante el ministro de Seguridad Pública. Y si de- mandamos la reducción de la impunidad, acudamos ante la fiscala general.

La esperanza con la elección de Emilia Navas es la adecuada organización de los recursos del MinisterioPúblico para investigar con la más depurada técnica criminalística los delitos cometidos y así presentar sospechosos y pruebas a los tribunales. En todo este proceso, los jueces tienen la última palabra: condenar o absolver.

Si no queremos ser víctimas de delitos, acudamos al Poder Ejecutivo. Si queremos el castigo de quienes nos hicieron víctimas, vayamos a la Fiscalía.

Dicho esto, esperamos los mejores éxitos a Emilia Navas porque también serán los éxitos de Costa Rica.

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