Un IVA sencillo y sin excepciones

El IVA ideal debe ser sencillo. Eso exige operar sin excepciones y con una sola tarifa, salvo las exoneraciones indispensables.

Expertos en materia tributaria consideran que el impuesto al valor agregado (IVA), cuyo origen está en Francia a principios de la década de 1950, es el campeón de los impuestos, pues permite una recaudación significativa, opera sobre el consumo, no sobre la producción, y, si su diseño es apropiado, no apareja distorsiones microeconómicas.

A diferencia del impuesto sobre las ventas, aplicado a cada operación de compraventa, con lo cual se magnifica la carga por el “efecto cascada”, el IVA únicamente opera sobre el valor agregado en cada etapa. Por lo anterior, las alícuotas (tarifas) del impuesto de ventas suelen ser significativamente más bajas que las de un IVA. En Costa Rica conocemos con el nombre de impuesto de ventas a una especie de IVA, pues los agentes retenedores rebajan en sus declaraciones los impuestos pagados en las etapas previas. El móvil más importante para reformar nuestro impuesto de ventas es su aplicabilidad actual a los bienes, y solo excepcionalmente a los servicios, que ahora tienen una amplísima participación en la economía.

El IVA ideal debe ser sencillo para abaratar su administración. Eso exige operar sin excepciones y con una sola tarifa. Sin embargo, como el tributo podría tener efectos regresivos (es decir, que afectan relativamente más a los grupos de menores ingresos de la sociedad), se le suele acompañar de un conjunto de exoneraciones. Los productos de la canasta básica suelen ser exonerados o sometidos a tarifas bajas. Esta solución, tan simple a primera vista, agrega complicaciones a las economías modernas, abiertas al comercio internacional, pues podría suceder que los productos de la canasta básica importados ingresen al país sin pagar IVA mientras los insumos necesarios para su producción doméstica quedan gravados, lo cual restaría competitividad, injustamente, a algunas actividades productivas locales.

Por lo anterior, los insumos necesarios para producir bienes exonerados deben también estar exentos del IVA. En la práctica, cumplir esa exigencia apareja costos no solo para la administración tributaria, sino también para las empresas retenedoras de impuestos. Por eso se recomienda mantener en un mínimo la cantidad de bienes exonerados.

Existe en la corriente legislativa una posible reforma tributaria cuyo objetivo es extender el IVA a la mayoría de los servicios consumidos en el país. Entre las propuestas hay una para devolver los impuestos pagados por las familias más pobres de la sociedad. Con independencia de la buena intención de sus proponentes, la idea debe ser objeto de un cuidadoso análisis, por los problemas relacionados con ella. El primero es el costo burocrático de administrar el esquema. Además, entre más familias sean beneficiarias, menor es la capacidad recaudatoria del IVA. El tercer problema práctico es que si se elimina la canasta exonerada, pero el IVA pagado al final de la cadena por familias pobres les es devuelto, habría un incentivo para que algunas de ellas opten por hacer las compras de sus vecinos pudientes. Y este incentivo sería mayor conforme más alta sea la tarifa y la base del IVA.

Para efectos de la política pública, es preciso reconocer que los impuestos siempre acarrean problemas para quienes deben pagarlos y, por ende, tienen sentido solo si el Estado, a cambio de ellos, ofrece a la sociedad servicios de valor. Además, los esquemas tributarios han de ser simples, con el menor costo para la administración y para los contribuyentes. Cobrar impuestos para luego devolverlos a las mismas personas es tan poco sensato como abrir huecos para luego taparlos.

La función redistributiva del Estado debe ejercerse por el lado del gasto, no de los ingresos, y por ello ha de exigírseles a los órganos públicos clara rendición de cuentas sobre el alcance de la ayuda estatal en los grupos más necesitados de la sociedad.

■