Reconciliar intereses en el agro

Existe legítima preocupación porque el cultivo de la piña plantea problemas ambientales.

Las exportaciones de bienes y servicios son eficaces medios para la creación de puestos de trabajo y aportan divisas que permiten al país comprar en el exterior lo que no pueda producir internamente con eficiencia, como algunos bienes de capital, vehículos, combustibles y medicinas, para citar unos cuantos productos. Por eso las políticas públicas deben favorecer el comercio internacional.

Las exportaciones de piña han tomado una importancia creciente en Costa Rica. Superan en ingreso de divisas al café y solo ceden esa preeminencia ante las de banano (“Ventas de piña subieron 19 % en últimos 4 años”, La Nación, 3 de abril, 2017). Sin embargo, existe legítima preocupación porque el cultivo de esa fruta y la forma como algunos productores disponen de los residuos plantean problemas ambientales, conocidos como externalidades negativas. Esas externalidades no son parte del costo contabilizado por los productores y son trasladadas a otros actores económicos y sociales. Es necesario, por tanto, tomar cartas en el asunto para mitigar las externalidades o para que sean interiorizadas por los productores, pues de otra manera el beneficio social de las exportaciones podría verse reducido y hasta anulado.

Como informamos en el reportaje citado, las quejas se relacionan con la contaminación de mantos acuíferos, lo cual afecta los acueductos, por uso excesivo de agroquímicos. También se menciona la reproducción de la mosca del establo, nociva para el ganado, como efecto de los residuos mal tratados en las plantas de piña. El presunto divorcio entre el interés de los productores y exportadores, y el de otros grupos, como los ganaderos y la sociedad en general, debe ser objeto de análisis y, si los males se confirman, no debe haber dilaciones en la adopción de acciones correctivas.

Ningún país, y ciertamente tampoco Costa Rica, debe ser un basurero internacional de contaminantes que en principio son controlables. Como señala el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, “quizá la rápida expansión de la siembra (de piña) se hizo sin contar con la tecnología apropiada para neutralizar los problemas”. Bien señala el ministro que el problema debe ser resuelto, ojalá sin afectar el cultivo de la fruta y su gran aporte económico.

Estamos ante un problema objetivo. Lo procedente es identificarlo, verificar su magnitud y sus causas, y acordar, con base en un análisis de costo-beneficio, las soluciones técnicas adecuadas. Si la solución requiere prohibir el uso de determinados agroquímicos, como se hizo en el 2017 con el bromacil, así sea. Si consiste en limitar las cantidades de químicos utilizados en los cultivos, también. El problema es tan serio que la solución no debe posponerse.

Y no es improbable que una medida capaz de reconciliar el interés privado con el interés general sea, también, beneficiosa para todos desde el punto de vista económico. En efecto, como los agroquímicos no son gratuitos, utilizar cantidades menores, por unidad de cultivo, apareja un ahorro para los productores. Además, el mercado internacional de productos como la piña suele premiar la producción de bajo impacto ambiental y podría oponerse a recibir exportaciones costarricenses si se demostrara que incumplen las mejores prácticas ambientales.

Este, entre muchos otros, es un tema pendiente para la futura administración Alvarado. Esperamos que se incorpore a la agenda propia del Ministerio de Agricultura y ganadería con la prioridad merecida.

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Existe legítima preocupación porque el cultivo de la piña y la forma como algunos productores disponen de los residuos plantean problemas ambientales

Ningún país, y ciertamente tampoco Costa Rica, debe ser un basurero internacional de contaminantes que en principio son controlables