Protección del agua
Por orden de la Sala Constitucional, profesionales del Senara, acompañados por técnicos del Minae, Salud, MAG, INVU y AyA, elaboraron un procedimiento (matriz) que permite proteger las aguas de fuentes subterráneas. Dicha matriz, según la vulnerabilidad de los acuíferos, considera aspectos como su localización, el espesor de las capas geológicas, la profundidad del agua, las actividades por desarrollar en la superficie, los materiales contaminantes que pudiesen usarse, etc., lo que en conjunto permite clasificar cuán vulnerable es o no es un acuífero. Clasificación que va de nula a extrema, con calificaciones intermedias de baja, mediana y alta. Así, según sea la ubicación, también serán las medidas que habrán de cumplirse para garantizar que tan fundamentales fuentes de agua potable (¡más del 70 % del abastecimiento proviene de acuíferos subterráneos!) puedan mantenerse en el tiempo. De esta manera, se preserva el recurso para las futuras generaciones y se hace efectivo el concepto de desarrollo sostenible que, paradójicamente, molesta al gremio de ingenieros y arquitectos, a la Uccaep, a Canara, al Minae, a la Municipalidad de San José y otros similares. Entes que unidos pretendieron (infructuosamente) que el Tribunal Contencioso Administrativo anulara la “Matriz de Senara”. Y en cuanto al alegato de que la puesta en práctica de las medidas de protección obstaculizan la construcción, los mismos datos del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, sobre el aumento en construcciones en San José y Guanacaste, desmienten tales aseveraciones. Freddy Pacheco Heredia