El enorme reto fiscal

El mensaje del país al inversionista internacional debe ser contundente. Es necesario comunicarle que estamos a las puertas de una reforma fiscal significativa.

El fortalecimiento de las finanzas públicas plantea un reto de sobra conocido y de grandes dimensiones. En ausencia de medidas correctivas, la deuda pública, la carga de intereses y hasta la iliquidez del Gobierno continuarán elevándose. El Estado dispondrá de menos recursos para desempeñar sus funciones esenciales. El llamado “riesgo país” también se elevará y afectará a todo el sector financiero. Esto, por fortuna, es conocido por los líderes de los principales partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa y, ciertamente, también por el presidente electo, Carlos Alvarado, y sus especialistas del campo económico.

Pero pasar del dicho al hecho no siempre es fácil. Más difícil todavía es hacerlo rápido, pero el mensaje del país a los inversionistas internacionales debe ser contundente. Cuando menos es necesario comunicarles que estamos a las puertas de aprobar una reforma integral, con la intensidad exigida por la situación. La agencia calificadora Fitch subrayó que en el país existen “dudas” sobre la solución al problema fiscal, en parte porque la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana apenas la conforman diez diputados y, en parte, porque todavía no se han hecho públicas las propuestas concretas. Y señala Fitch: “De no aprobar un paquete de reforma fiscal que reduzca el déficit, mejore la dinámica de la deuda a mediano plazo y alivie las presiones financieras” hay peligro de una degradación de la calificación de riesgo (“Fitch destaca retos fiscales y políticos luego de elecciones”, La Nación 4/4/2018).

En este punto conviene destacar lo variopinto del ambiente. Por un lado, la parálisis administrativa en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) impide a su Junta Directiva adoptar reformas al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) cuya debilidad podría traducirse en un problema cuasifiscal de grandes proporciones. Por otro lado, que los diputados trabajen activamente para controlar partidas explosivas del gasto público (limitación a anualidades, a sueldos de jerarcas e impuestos sobre pagos exagerados de cesantía) es bienvenido aunque no sea suficiente. Las propuestas del diputado Ottón Solís en esa dirección merecen reconocimiento.

Es demasiado pronto para pedir al equipo económico de la administración Alvarado publicitar con detalle sus propuestas para atender el déficit fiscal, como parece requerirlo Fitch, pero es indispensable una pública reiteración de la voluntad de enfrentar el problema por el fondo. Además, es preciso comprometerse con soluciones de naturaleza estructural, sostenibles en el tiempo, no parches de poca eficacia. Las medidas deben ser aprobadas en conjunto y con firmeza, aunque sus efectos puedan dosificarse en el tiempo, porque el mensaje a todas las partes interesadas (agencias calificadoras, entidades multilaterales, sistema financiero y, sobre todo, a la ciudadanía) debe ser claro. Las soluciones a poquitos, incrementales, terminan causando “fatiga” que, como lo demuestra la experiencia internacional, termina por crear oposición a las medidas siguientes de la cadena.

Es necesario ir más allá de los acuerdos generales, de tipo eminentemente político, y entrar al detalle de los posibles efectos cuantitativos (muchos de los cuales deben centrarse en el gasto público). “El diablo está en los detalles”, dice el refrán. Por eso es necesario recurrir a analistas objetivos, conocedores de la materia, para cuantificar los efectos de las medidas propuestas.

Las soluciones parciales obligan al país a convivir con la porción no resuelta del mal, cuyos síntomas principales son presiones en el sistema financiero, iliquidez y escasez de recursos para financiar el gasto público esencial. Por eso, celebramos que las fuerzas políticas del país, y en particular el grupo económico de la administración Alvarado, todavía en formación, se hayan abocado a buscar soluciones a tan principal problema. ■

El mensaje del país a los inversionistas internacionales debe ser contundente. Cuando menos es necesario comunicarles que estamos a las puertas de aprobar una reforma fiscal significativa

Es preciso comprometerse con soluciones de naturaleza estructural, sostenibles en el tiempo, no parches de poca eficacia. Las medidas deben ser aprobadas en conjunto y con firmeza