Corte obligada a actuar por miles de juicios en espera
Asignó más casos a tribunales unipersonales y contrató a 43 jueces Por primera vez, estrados deben cumplir con cuotas de sentencias al mes
La acumulación de miles de juicios pendientes en diversos tribunales del país en 2017 obligó a la Corte Suprema de Justicia a adoptar un plan de acción inmediata contra la lentitud o la mora judicial.
Solo en despachos de Puntarenas, Pavas y Goicoechea se apilaron 1.500, 800 y 856 expedientes, respectivamente.
Tal situación mantenía paralizados procesos por asesinatos, robos, estafas, violaciones y otra larga lista de delitos, en los que no se había hecho justicia ni para víctimas ni para los mismos sospechosos.
En los casos penales el sentimiento de impunidad se hace más pesado, pero el rezago también acecha los juzgados cobratorios, civiles y de pensiones alimentarias.
Así lo reconoció el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, quien al asumir ese cargo, en mayo de 2017, ordenó la integración de un equipo que detectara los fallos e hiciera propuestas para eliminar los cuellos de botella.
Fue así como comenzó a ejecutarse un plan de acción inmediata contra la lentitud de los procesos o mora judicial, el cual llevó, prácticamente, a un rediseño de procesos que se aplicó en 12 tribunales considerados críticos: Pavas, Puntarenas, Quepos, Alajuela, Limón, San José, Liberia, Cañas, Santa Cruz, Turrialba, Goicoechea y Cartago.
El defensor adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero, manifestó que “una justicia que no es pronta y no es cumplida, es una afectación a un derecho humano” y va contra lo que establece nuestra Constitución Política en el artículo 41.
“(...) todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta con- formidad con las leyes”, señala dicha norma.
Acciones. Según Chinchilla, se intenta reducir los tiempos para señalar la fecha de juicio, así como se trabaja en la estandarización de las labores en los despachos, ya que en algunos encontraron procedimientos que no estaban regulados y retardaban la toma de decisiones.
A partir del análisis, se tomaron medidas, como la realización de más juicios en los tribunales unipersonales (un solo juez) en vez de los conformados por tres. Esa posibilidad solo es aplicable a casos donde el delito juzgado tiene una pena igual o menor a cinco años, según el artículo 96 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por ejemplo, en el Tribunal de Pavas se habilitó un horario vespertino. Ahora, también hay debates entre 4 p. m. y 10 p. m. R VEA NOTA APARTE.
Otra de las acciones fue la implementación de una agenda electrónica que concilie los intereses de todas las partes (jueces, defensores, fiscales) y que evite al máximo la suspensión de los procesos.
De igual manera, la Corte autorizó la contratación de 43 plazas de jueces por un plazo perentorio para atender los rezagos en diferentes estrados y cumplir las metas establecidas.
Estas medidas de urgencia se toman al mismo tiempo que la Corte está elaborando un proyecto de reforma al Código Procesal Penal, que cambiaría algunos procedimientos.
Para la fiscala general, Emilia Navas, el atraso en los tribunales de juicio es “impresionante”. El problema es que ahora, el plan absorbe por completo a los fiscales,
Esos profesionales ocupan su tiempo en los debates, en la localización de los testigos o en apelaciones de sentencia. Al ser así, resulta complicadísimo continuar con las investigaciones. “Eso les impide sentarse en el escritorio para leer denuncias, hacer allanamientos o hacer inspecciones”, afirmó Navas.
Pese a ello, se mostró a favor del plan de la Corte, en aras de que los asuntos no prescriban.
De acuerdo con Chinchilla, la meta es que, mediante una mejor organización y desempeño, para el 2020 el periodo máximo para la fijación de fecha de juicios sea de seis meses.
El plan contra la mora judicial comenzó el 3 de agosto del 2017 y está previsto que, con sus tres fases, concluya el 29 de enero del 2020, explicó Nazira Valverde, jefa del departamento de Planificación de la Corte.
Uno de los hallazgos del grupo fue que el 60% de los asuntos que entran a los tribunales se castigan con penas menores a cinco años de cárcel, por lo que con esa prueba científica, se pudo aprovechar mejor a los jueces, ya que en lugar de usar tres, se pasó a uno.
Así se reforzaron los juicios unipersonales, mientras que otras secciones se encargan de los juicios con penas mayores.
Con esa medida, por ejemplo, en San José se pasó de 72 sentencias dictadas en diciembre del 2017 a 160 en marzo del 2018.
Una reciente evaluación en enero y febrero de este año reveló que, con los cambios, ya ocho de los 12 tribunales generan más del 100% de las sentencias que se les propuso como meta, cifra que varía según la cantidad de casos que reciben y la capacidad de cada uno.
“Esta es la primera vez en la historia de la materia penal en que se les pusieron cuotas (de sentencias mensuales), explicó el presidente de la Corte.
El promedio para las secciones unipersonales quedó entre 15 y 20 sentencias por mes, mientras que las colegiadas (tres jueces) deben dictar entre 11 y 15. ■