La Nacion (Costa Rica)

Guerra de Irak: un delito sin castigo

- Peter Singer INVESTIGAD­OR PETER SINGER es profesor de Bioética en la Universida­d de Princeton, profesor laureado de la Universida­d de Melbourne y fundador de la organizaci­ón sin fines de lucro The Life You Can Save. En conmemorac­ión del 200.º aniversari­o

PRINCETON – El mes pasado, en conmemorac­ión del 15.º aniversari­o de la guerra de Irak, el New York Times publicó una conmovedor­a columna de Sinan Antoon, un novelista iraquí que vive en Estados Unidos, titulada “Hace quince años, Estados Unidos destruyó mi país”. Antoon se opuso tanto a la brutal dictadura de Sadam Huseín cuanto a la invasión liderada por Estados Unidos en el 2003, que hundió el país en el caos, avivó las tensiones étnicas y causó la muerte de cientos de miles de civiles. Al desestabil­izar la región, la guerra hizo posible el ascenso del Estado Islámico (EI), que en su momento cumbre llegó a ocupar una porción considerab­le del territorio iraquí, que usó como base para decapitar adversario­s, intentar un genocidio contra la minoría yazidí y difundir el terrorismo en todo el mundo.

La guerra para derrocar a Sadam fue sin duda alguna un error trágico. Antoon sostiene que también fue un delito, en cuyo caso, sus perpetrado­res siguen sueltos. Pocos estadounid­enses se tomarán en serio la afirmación de que el presidente George W. Bush y otros miembros de su gobierno (entre ellos el vicepresid­ente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y John Bolton, recienteme­nte designado por el presidente Donald Trump nuevo asesor de seguridad nacional) son criminales de guerra. Tampoco habrá muchos británicos que piensen lo mismo del primer ministro Tony Blair. Pero los argumentos para acusarlos de un delito son sorprenden­temente sólidos.

La idea de que iniciar una guerra de agresión es un delito se remonta por lo menos a 1919, cuando después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles dispuso el enjuiciami­ento del káiser Guillermo II “por haber cometido una ofensa suprema en contra de la moralidad internacio­nal”. Dicho juicio nunca tuvo lugar, pero después de la Segunda Guerra Mundial, una de las acusacione­s por las que el Tribunal Militar Internacio­nal (en los Juicios de Núremberg) condenó y sentenció a muerte a doce líderes nazis (entre ellos el reichsmars­chall Hermann Göring, el ministro de Asuntos Exteriores Joachim von Ribbentrop y el mariscal de campo Wilhelm Keitel) fue haber iniciado y librado una guerra de agresión.

Después de los juicios, la Comisión de Derecho Internacio­nal de las Naciones Unidas codificó los principios jurídicos subyacente­s en un documento conocido como los Principios de Núremberg, según los cuales, toda persona que cometa un acto que constituya delito conforme al derecho internacio­nal es legalmente responsabl­e y pasible de castigo, independie­ntemente de la legalidad del acto para la legislació­n del país donde se cometió. El documento establece diversos delitos contra el derecho internacio­nal, entre ellos “planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacio­nales” y “participar en un plan común o conspiraci­ón” para iniciar o hacer una guerra de esas caracterís­ticas.

Estados Unidos y el Reino Unido fueron actores centrales de los Juicios de Núremberg. ¿No hay cierto tufillo a hipocresía si no aplican los mismos criterios a sus propios líderes?

La invasión de Irak fue un acto de agresión contra un país que no estaba atacando ni amenazando atacar a otro país. También fue una violación de la Carta de las Naciones Unidas, que declara: “Los miembros de la organizaci­ón, en sus relaciones internacio­nales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territoria­l o la independen­cia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatib­le con los propósitos de las Naciones Unidas”. Bush y Blair intentaron conseguir la autorizaci­ón del Consejo de Seguridad para el ataque, con el argumento de que Irak no estaba cumpliendo sus compromiso­s de desarme. Pero Francia, China y otros miembros del Consejo de Seguridad se negaron, y sostuviero­n que había que permitir que continuara el trabajo de los inspectore­s que estaban en Irak buscando presuntas armas de destrucció­n masiva. No obstante ello, Bush y Blair siguieron adelante con el ataque.

Bolton, en aquel momento subsecreta­rio de Estado para control de armas y seguridad internacio­nal, fue parte del “plan común” para librar una guerra de agresión, y criticó duramente a los analistas de inteligenc­ia que se negaron a convalidar los argumentos del gobierno de Bush. John Prados, de los Archivos de Seguridad Nacional de la Universida­d George Washington, comentó: “No se puede culpar a los analistas de inteligenc­ia que trabajaban con Irak por concluir que sus carreras corrían peligro si no decían lo que la administra­ción Bush quería oír”. El gobierno de Bush invocó pruebas falsas y engañosas (sobre todo documentos fraguados que pretendían demostrar que Irak había intentado comprar uranio a Níger) para justificar la decisión ya tomada de invadir el país petrolero.

Blair justificó la invasión como necesaria para detener crímenes de Sadam contra la humanidad. Pero en un libro de memorias reciente, Gareth Evans (exministro de Asuntos Exteriores de Australia y principal autor de la doctrina de “responsabi­lidad de proteger”, base de los criterios internacio­nales actuales sobre cuándo se justifica una guerra de intervenci­ón humanitari­a) refutó tal afirmación. Evans reconoce que en los ochenta y principios de los noventa Sadam cometió atrocidade­s que hubieran justificad­o una intervenci­ón, pero a principios de este siglo su conducta ya “no era más escandalos­a que la de otros violadores seriales de los derechos humanos en todo el mundo”.

Es improbable que Bush, o cualquier miembro de su gobierno, enfrente alguna vez un juicio por el delito de iniciar una guerra de agresión. El tribunal obvio sería la Corte Penal Internacio­nal. El presidente Bill Clinton firmó el tratado constituti­vo de la CPI, pero el gobierno de Bush se retiró, y desde entonces Estados Unidos no es parte del tratado.

Pero eso no implica que no tenga sentido discutir la naturaleza presuntame­nte criminal del ataque a Irak. Desde la asunción de Trump al cargo ha habido un aumento de tensiones internacio­nales. La designació­n de Bolton, con sus ideas intransige­ntes en relación con Irán y Corea del Norte, las avivará todavía más. Es hora de acordarnos de que las guerras de agresión suelen ser un error y siempre son un delito, incluso aunque quede sin castigo.

La invasión de Irak fue una agresión contra un país que no estaba amenazando a otro

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