Defensa pide devolver ¢41 millones de oficina ligada a Otto Guevara
→ Dice que orden de allanamiento limitaba acción judicial solo a despacho de diputado
La defensa del diputado Otto Guevara Guth y de su excuñado, un abogado de apellido Ross Araya, le pidió a la Fiscalía la devolución de los ¢41 millones que fueron decomisados, en marzo pasado, al ser hallados dentro de una caja fuerte en las oficinas del Grupo Jurídico Especializado (GJE), en Los Yoses, Montes de Oca.
La gestión la presentó el abogado Federico Campos, este viernes, ante la Fiscalía General de la República. Lo hizo dentro del proceso que el Ministerio Público sigue contra Guevara por supuesta legitimación de capitales y falsedad en la declaración jurada. A Ross Araya se le investiga solo por el primer delito.
El defensor argumentó en su petición que la orden de allanamiento, emitida por los magistrados de la Sala Tercera, delimitó cuáles eran los recintos que debían ser inspeccionados.
Según el documento, la fiscala general, Emilia Navas, y el juez penal Fernando Mora revisaron otras oficinas aunque no estaban autorizados y fue en una de esas donde estaba la caja fuerte con el dinero, que pertenece a un cliente de la oficina.
Es decir, según criterio del abogado de los investigados, el decomiso de dinero está viciado de ilegalidad pues se encontró en un aposento que estaba fuera de la autorización judicial.
“Se está abriendo causa penal contra mis representados Guevara Guth y Ross Araya por el supuesto delito de legitimación de capitales, cuando más bien se trata claramente de prueba ilícita o espuria que fue contaminada”, dijo el defensor Campos.
Agregó: “Lo que procede es la devolución inmediata del dinero que consta en las actas de secuestro a quien se le confiscó por estar este dinero bajo los supuestos de la prueba ilícita”.
Consultada, este sábado, la fiscala Navas en torno a este escrito, dijo que no se podía referir al tema, pues desconocía la gestión de la defensa del legislador.
Pesquisa fiscal. El allanamiento al local del GJE, efectuado el 23 de marzo pasado, tenía como objetivo el decomiso de evidencias en un proceso que se le sigue al congresista y excandidato presidencial, Otto Guevara, por el delito de falsedad en una declaración jurada.
La acción la ejecutó Emilia Navas –por tratarse de una causa contra un miembro de un supremo poder–, y pretendía recopilar evidencia electrónica y documentación para analizarla como parte del desarrollo de la investigación.
La pesquisa se tramita en el expediente 18-000040-033-PE y se refiere a declaraciones que Guevara presentó ante la Contraloría General de la República entre mayo del 2014 y el 2017. Al parecer, (Guevara) habría omitido reportar bienes a su nombre y dar cuenta de su participación en una sociedad anónima.
Sobre esto, Federico Campos afirmó que se está pidiendo la desestimación de la causa, pues Otto Guevara no cometió ningún hecho ilícito. “Omitir informar sobre bienes que son de origen lícito no es ninguna forma de falsedad, de simulación o encubrimiento. El delito es encubrir bienes malhabidos u obtenidos de forma ilícita que enriquecen su patrimonio”, dijo.
El abogado Campos Calderón sostiene que las dos causas deben ser desestimadas.
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