La Nacion (Costa Rica)

Enorme rezago en infraestru­ctura vial

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La administra­ción Solís Rivera deja una enorme deuda en materia de infraestru­ctura vial.

La administra­ción Solís Rivera deja una enorme deuda en materia de infraestru­ctura vial. Se limitó a terminar proyectos iniciados hacía cuatro años y no dio pie con bola en obras nuevas. Su inercia se refleja en que proyectos como la ampliación de la ruta 27 están detenidos sin razón alguna. Tampoco se ve movimiento en lo relativo a la ampliación y mejora de la autopista San José-San Ramón y radiales ni la ruta a San Carlos, para citar unos pocos.

Como el parque vehicular del país crece a su velocidad normal, lo resultante es que cada día son mayores las presas en la Gran Área Metropolit­ana (GAM). Cruzar en cualquier sentido, norte-sur, esteoeste, alguna de las cabeceras de provincia de la GAM, es un suplicio que la gente evita cada vez que puede hacerlo, pero deben soportarlo a diario los muchos que no tienen otra opción.

En esta materia, median muchas circunstan­cias. Una primera tiene que ver con la satanizaci­ón de la figura de la concesión de obra pública a la iniciativa privada, que tan buenos frutos da en países donde se sabe aplicar y donde la contrapart­ida pública (en nuestro caso, el Consejo Nacional de Concesione­s) está bien constituid­a. Aquí no hemos logrado sacar provecho a esa figura, entre cuyas ventajas está el que el Estado no debe hacer aportes financiero­s, que atizarían el déficit, sino que son financiada­s en primera instancia por los concesiona­rios y, al fin de cuentas, por los usuarios. Por dicha que ahora los principale­s líderes políticos reconocen la importanci­a de la figura y parecieran estar dispuestos a acogerla plenamente.

La otra tiene que ver con una pobre definición del interés común, por el que domina el interés de unos pocos, aunque sean precarista­s, sobre el interés de la ciudadanía en general. Un ejemplo de esto son las expropiaci­ones necesarias en el llamado Triángulo de la Solidarida­d, que se han demorado como las que más, y de 100 necesarias quedan aún 12 pendientes, lo cual atrasa la finalizaci­ón de la Circunvala­ción norte, una ruta cortísima (“Circunvala­ción norte presenta 46 % de avance en su fase dos”, La Nación, 17/4/2018).

Y lo peor es que cuando se conoce de un nuevo proyecto vial, nuevos grupos precarista­s corren a “tomar posesión” de tierras solo con el ánimo de que después, aunque sea dentro de cinco o más años, se les reubique en zonas residencia­les. Opera en esto un enorme riesgo moral, que solo con mano firme y responsabl­e con la ciudadanía representa­da se puede paliar.

La tercera circunstan­cia es el grado de compromiso que los cuerpos técnicos y políticos del país (el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y la propia Presidenci­a de la República, entre otros) tienen con las necesidade­s sociales que se satisfacen con infraestru­ctura vial de calidad. Aparenteme­nte, es muy poco, por lo que esos cuerpos no tienen objeción en dejar a las administra­ciones siguientes el acabar con obras que ellos debieron haber concluido. “El que venga atrás que arree”, dice el refrán.

La cuarta es que en todo esto es preciso contar con equipos de alto nivel técnico, que sepan planificar, ejecutar y dar seguimient­o profesiona­l a las obras y a los compromiso­s que se adquieran con el país. En nuestro medio, existe la sensación de que en los discursos políticos se prometen acciones a sabiendas de que no se les va a dar seguimient­o del todo. Esto es deleznable y, en parte, explica la pérdida de confianza del ciudadano promedio en los políticos y empleados públicos. Esto atenta contra la propia democracia representa­tiva, “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, en la clásica definición de Abraham Lincoln.

Un nuevo gobierno se apresta a tomar las riendas del país, un gobierno que promete ser de unidad nacional, y en el cual muchos han puesto sus esperanzas. A él tenemos derecho a pedirle que “si es tan amable, no nos falle”, pues es grande la cantera de donde puede escoger a los ocupantes de los principale­s cargos públicos.

La administra­ción Solís Rivera deja una enorme deuda en materia de infraestru­ctura vial

Su inercia se refleja en que proyectos, como la ampliación de la ruta 27, están detenidos sin razón alguna

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