Defensoría objeta reformas a ley
La Defensoría de los Habitantes estima que el proyecto de reforma a Ley de Pensiones Alimentarias, en trámite legislativo, “afectaría las garantías vigentes para el respeto de derechos de las partes en los procesos judiciales de familia”. Por tal razón, la entidad envió el texto a consulta a la Sala Constitucional.
Según la entidad, los cambios realizados por la Asamblea Legislativa “debilitan” la figura del apremio corporal, la cual es, para la Defensoría, el “único mecanismo coercitivo efectivo que garantiza el cumplimiento del derecho humano a los alimentos”.
Añadió que la gradualidad para el cumplimiento de la orden de apremio se puede prestar para interpretaciones que perjudicarán a las partes actoras en estos procesos.
Además, la institución califica de “riesgoso” que se deje a criterio de un tribunal los aspectos médicos relacionados con la salud del deudor alimentario.
“Al menos, el juzgador debería contar con una constancia médica expedida por personal médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o del Complejo de Ciencias Forenses, que le certifiquen que la condición de salud del eventual apremiado es realmente precaria y, además, que su detención podría agravarla aún más”, señaló la Defensoría.
Entre los cuestionamientos de esa entidad, figura el hecho de que se pueda brindar una medida especial de apremio corporal (que se permita al deudor salir a buscar trabajo por el día o la noche).
“Pareciera que intenta beneficiar inicialmente a quien ha incumplido con su obligación alimentaria”, concluyó,
Oportunidad. Por su parte, el juez de Familia Mauricio Chacón no considera malos los ajustes que se le harían al apremio.
“Hay que partir del hecho de que estas detenciones no son sanciones ni penas; es decir, con que la persona vaya a la cárcel no está pagando la pensión. Cuando él salga, saldrá con la deuda”, agregó.
El juzgador sí lamenta que la reforma siga manteniendo el apremio corporal como la única medida para “invitar” a los deudores a pagar.
“No digo que se tenga que eliminar el apremio porque sé que mucha gente paga por eso mismo, pero podría fomentarse que al deudor se le manche la línea de crédito o que la deuda genere intereses altos o la suspensión de la licencia de conducir. Esas son situaciones que se dan en otros países y que son efectivas”, manifestó.
Chacón manifestó que tales opciones fueron planteadas por un grupo de colegas del Poder Judicial en un oficio enviado a la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, alegó que no fueron acogidas.