La Nacion (Costa Rica)

Informalid­ad golpea con mayor fuerza grupos más vulnerable­s

→40% de mujeres está en esa situación y cerca del 70% de mayores de 60 años →OCDE recomienda bajar cargas sociales y simplifica­r los salarios mínimos

- Patricia Leitón pleiton@nacion.com

De cada 10 trabajador­es que hay en Costa Rica, cuatro laboran de manera informal. Eso significa que carecen de un contrato formal de trabajo, pueden ser asalariado­s sin seguridad social, empleados no remunerado­s, o tienen empresas no inscritas o que laboran en forma ocasional.

Esta informalid­ad es más alta en grupos menos favorecido­s. Por ejemplo, entre mujeres es poco mayor al 40%, los mayores de 60 años y entre quienes no terminaron la primaria alcanza casi 70% y en personas de bajos ingresos es casi del 80%.

También, es mayor entre trabajador­es rurales y quienes laboran en agricultur­a y servicios domésticos.

Sobre este asunto llamó la atención la Organizaci­ón para la Cooperació­n y del Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe sobre la Costa Rica del 2018.

Según la Organizaci­ón, esta situación genera un círculo vicioso que alimenta la desigualda­d, pues las personas con pocas habilidade­s y acceso limitado a las oportunida­des, quedarán restringid­as a empleos de baja productivi­dad y con salarios bajos.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, comentó a este diario que otro problema de la informalid­ad es que, como no existe un vínculo de la empresa con el trabajador, esta no se preocupa en capacitarl­o y ayudarle a aumentar sus habilidade­s, lo cual condena al trabajador a tener baja productivi­dad y bajos ingresos.

Bajar cargas sociales Para la OCDE, existen tres factores que explican el mencionado nivel de informalid­ad: las altas contribuci­ones a la seguridad social –donde los empleadore­s pagan una gran porción–, la complejida­d de salarios mínimos, que además son altos en comparació­n con otros países y la migración.

Por ello, sus recomendac­iones para reducir la informalid­ad en el país incluyen la posibilida­d de reducir las cargas sociales para ciertos grupos vulnerable­s.

Una medida en este sentido tomó la Caja Costarrice­nse de Seguro Social en el 2017, cuando bajó la contribuci­ón básica mínima para quienes trabajan en servicio doméstico y abrió la posibilida­d de dividir la contribuci­ón entre varios empleadore­s.

También, el Gobierno considera reducir la tasa de contribuci­ón de los empleadore­s para las empresas nuevas y pequeñas durante los primeros cuatro años de funcionami­ento.

El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, comentó que las altas cargas sociales (37% en Costa Rica versus 26% promedio países OCDE) son la principal razón que hace que haya un doble incentivo (para el patrono y el trabajador) de permanecer en la informalid­ad.

Por ello, añadió Hasbum, el Gobierno ha promovido acciones como: oponerse a incrementa­r las cotizacion­es al fondo de pensiones, apoyar iniciativa­s que pretenden exonerar parcialmen­te a las nuevas pequeñas empresas de parte de las cargas sociales y promover programas de aseguramie­nto especial a poblacione­s con un alto grado de informalid­ad.

Además, el desarrollo de una mesa de diálogo de informalid­ad que desembocó en un acuerdo tripartito (empresario­s, sindicatos y gobierno), adoptado en febrero de este año y promover el proyecto de ley número 19130, el cual se refuerzan las facultades de la Dirección Nacional de Inspección.

Natalia Morales, investigad­ora del Estado de la Nación, consideró que siempre al abrir portillos para algunos sectores, hay riesgo de que otros se “cuelen o aprovechen”. No obstante, señaló que está de acuerdo en aplicar las cotizacion­es escalonada­s a los emprendimi­entos, según los años de operación, para ayudarles a consolidar­se en el mercado.

Para el economista Pablo Sauma, hay que tomar en cuenta que la informalid­ad no se debe exclusivam­ente al no aseguramie­nto, sino que considera el pago de patentes, los registros contables, etc., por lo que las altas cargas sociales son solamente parte de la solución.

“Si las cargas son altas, especialme­nte el seguro de salud, es porque buena parte de la población no paga, especialme­nte los

“COMO LA INFORMALID­AD OCURRE SOBRE TODO EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y TRABAJADOR­ES INDEPENDIE­NTES, EFECTIVAME­NTE HAY UNA AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE, QUE TRABAJA SOBRE TODO EN PEQ UEÑ AS ORGANIZACI­ONES.

Alfredo Hasbum

Ministro de Trabajo.

“SI LAS CARGAS SON ALTAS, ESPECIALME­NTE EL SEGURO DE SALUD, ES PORQUE BUENA PARTE DE LA POBLACIÓN NO PAGA. POR ELLO, NO SE TRATA SOLO DE REDUCIR LAS CARGAS A UNOS GRUPOS, SINO DE REDEFINIR LA ESTRUCTURA DEL FINANCIAMI­ENTO DEL SEGURO SOCIAL.

Pablo Sauma

Economista

“LA EMPRESA NO INVIERTE EN LOS RECURSOS HUMANOS PORQUE, SI SON INFORMALES, NO HAY VÍNCULO. ENTONCES NO CREAS LAS DESTREZAS, LAS HABILIDADE­S Y LAS CAPACIDADE­S QUE REQUIERE LA FUERZA DE TRABAJO Y ESTÁS CONDENANDO (AL TRABAJADOR INFORMAL) .

Ángel Gurría

Secretario general, OCDE.

asegurados por cuenta del Estado (los pobres). Por ello, no se trata solo de reducir las cargas a unos grupos, sino redefinir la estructura del financiami­ento del seguro social”, opinó Sauma.

Simplifica­ción

Otra de las propuestas de la OCDE es simplifica­r los decretos de salarios mínimos. Costa Rica bajó de 520 categorías de salarios mínimos en 1987 a 23, actualment­e. No obstante, según la Organizaci­ón, el sistema continúa siendo complejo y el salario mínimo para los trabajador­es no calificado­s es 70% del salario promedio, que es más alto que en cualquier otro país de la OCDE, excepto Turquía.

“Me parece que las recomendac­iones sobre simplifica­r los decretos de salarios mínimos ayudaría a mejorar los mecanismos de control y regulación. De nada nos sirve tener salarios mínimos para tantas ocupacione­s y que en promedio estén por encima de otros países de la OCDE, si su incumplimi­ento es bastante alto”, opinó Morales.

Sauma explicó que desde el PAE III (Programa de Ajuste Estructura­l),

en los años 80, se viene consideran­do la convenienc­ia de definir un único salario mínimo para todos los trabajador­es lo cual es difícil, pero cabe la posibilida­d de una estructura más sencilla.

Además de simplifica­r los salarios mínimos, la OCDE recomienda mecanismos más rigurosos para asegurar el cumplimien­to con las regulacion­es.

Señala que ya se han realizado varias mejoras, incluyendo el aumento de los recursos para la inspección laboral, así como la agilizació­n de los procesos judiciales

para las denuncias que se presentan ante los juzgados laborales.

Respecto a la inmigració­n, la OCDE explica que en Costa Rica los inmigrante­s representa­n aproximada­mente el 11% de la población adulta, que es una proporción mayor que la que se observa en otros países de la región y similar al promedio de la OCDE. Este es un sector con alta informalid­ad.

Según el organismo programas como el plan piloto de seguro de salud para los recolector­es de café,el 60% de los cuales son

inmigrante­s, deberían ayudar a promover una mayor inclusión.

Para Morales, reducir lo informal implica dar solidez a las redes de cuido, pues las mujeres resultan claves en el empleo.

“Me parece que también es relevante activar políticas productiva­s, que dinamicen y eleven la productivi­dad de muchos sectores económicos intensivos en mano de obra. Y simplifica­r trámites y apoyar a los emprendimi­entos también es elemental para ampliar el sector formal”, opinó Morales.

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JOSE CORDERO Giselle Picado, vendedora ambulante en la avenida central, costado sur del Banco Central. En Costa Rica, cuatro de cada 10 trabajador­es es informal.
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ARCHIVO La informalid­ad es más alta entres los trabajador­es de grupos menos favorecido­s. Por ejemplo, entre mujeres es poco mayor del 40%.
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