Una buena meta: menos adolescentes embarazadas
Datos preliminares del Instituto de Estadísticas y Censos del 2017, muestran un descenso significativo de embarazo en adolescente.
En el 2008, entre las adolescentes con edades entre 15 y 19 años hubo 15.180 partos y entre las menores de 15 años 525. Para el 2013, fue de 12.451 y 473, respectivamente. En el 2015, bajó a 11.609 y 432; en el 2016, 10.924 y 349; y en el 2017, se registraron 10.150 entre las de 15 y 19 años y 301 en las menores de 15.
En los 80, el embarazo en la adolescencia permitió visibilizar esta población y fue la motivación e interés internacional de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para promover políticas que permitieran crear servicios de salud para este grupo abandonado.
En nuestro país, este apoyo se tradujo en la creación de un Programa Nacional de Atención a Adolescentes, centralizado en la CCSS y que permitió llegar a establecer alrededor de 100 clínicas de adolescentes en el país.
Leyendo los artículos publicados en los dos últimos años, se experimenta un déjà vu porque casi 20 años después, vuelve a ser el embarazo a adolescente el que de nuevo posiciona el problema de la adolescencia en la opinión pública, en una coyuntura en donde el interés por la salud de los adolescentes y jóvenes se ha debilitado.
Un claro ejemplo es que de las 100 clínicas de adolescentes que existían, sobreviven, si acaso, 10 que reúnan criterios mínimos para tener algún impacto.
Múltiples factores.
El origen del embarazo adolescente es multifactorial; siete causas se relacionan directamente con esta compleja problemática: pobreza, carencias afectivas crónicas, ausencia de educación sexual de calidad, exclusión escolar, no acceso a servicios de salud diferenciados para adolescentes, abuso sexual y consumo de alcohol y otras drogas.
Enfrentar el problema requiere políticas de Estado, abordaje desde la familia y acceso a oportunidades y servicios, lo que produce complejidad. Lo grave del asunto es que cosas que podrían hacerse desde hace tiempo, las hemos irresponsablemente procrastinado.
Una de ellas es la educación sexual en colegios; con un excelente programa que se inicia en el 2013 en I, II y III año de colegio y se extiende en el 2018 a IV año, pero ha enfrentado resistencias, lo cual limita su impacto.
La otra es la creación de servicios accesibles en el sector salud para los adolescentes, como una urgente necesidad. En enero del 2017, la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños y el Programa de Atención Integral a Adolescentes de la CCSS presentaron a la Junta Directiva de la CCSS una investigación.
En esa sesión, se tomó el acuerdo de que era prioritaria la reactivación del programa institucional de atención a adolescentes, sin que hasta el momento esto sea una realidad.
Ante la progresiva disminución de embarazo adolescente, pero que se mantiene aún en cifras elevadas, cabe plantear la hipótesis por verificar que cuatro factores pueden estar contribuyendo a esta situación: el Programa de Afectividad y Sexualidad del MEP, el Proyecto Mesoamericano con la creación de servicios diferenciados, integrales e intersectoriales, con el uso de anticonceptivos eficaces y focalizado en lugares de alta incidencia de embarazo adolescente; en tercer lugar, la aprobación de la Ley contra las Uniones Impropias, que puede sobre todo estar aportando un mensaje de cambio, a pesar de las limitaciones en su aplicación que todavía existen y, finalmente, los programas del PANI para la inserción escolar de adolescentes madres.
Otros problemas.
Si bien el embarazo adolescente, que es la punta del iceberg, nos permite de nuevo replantear este serio problema a pesar del descenso, no podemos tampoco perder la perspectiva de que en la cola se han venido acumulando otra serie de graves problemas que afectan a nuestros adolescentes y jóvenes, que deberían llamar la atención de la sociedad en su conjunto, y menciono algunos ejemplos: drogadicción, discapacidad, depresión, suicidio y homicidio, violencia en todas sus modalidades incluyendo conductas delictivas, accidentes de tránsito y bullying, callejización, desempleo, anorexia y bulimia, enfermedades crónicas, trastornos del crecimiento y desarrollo...
Evidentemente, toda intervención requiere enmarcarse dentro de una política pública, que incorpore un vigoroso programa intersectorial, integral, diferenciado y oportuno para la población de al menos los 10 a los 25 años de edad, que permita que acontecimientos positivos que se dan a pesar de nuestra inacción se conviertan en acciones de verdadero y sostenido impacto. Los espacios para ejecutar esto existen, lo que falta es voluntad política.
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