Contradicción liberacionista

Por décadas, los ministros de Hacienda han denunciado la mala práctica de fijar destinos específicos a los ingresos del Estado.

A lo largo de décadas, los ministros de Hacienda han clamado por la flexibilización de los presupuestos públicos. Todos han insistido en denunciar la mala práctica de fijar un exceso de destinos específicos a los ingresos del Estado. Nada ha logrado la erradicación del vicio, uno de los más perniciosos de nuestra práctica hacendaria, como debería saberlo la exdiputada liberacionista Sandra Piszk, cuya última actuación relevante en el periodo 2014-2018 fue descarrilar la posibilidad, por fin llegada, de poner orden.

Junto a sus compañeras de bancada Paulina Ramírez y Maureen Fallas, Piszk abrazó la causa del Frente Amplio, principal opositor de la iniciativa desde el principio, y se alió con el diputado Edgardo Araya para eliminar las medidas de flexibilización en la comisión encargada de dictaminar la propuesta fiscal.

Piszk ha sido diputada en dos ocasiones, pero también se desempeñó como viceministra de Planificación y Política Económica y viceministra de Economía, Industria y Comercio. Entre los autores del despropósito, seguramente es la mejor informada de las consecuencias de un presupuesto cada vez más amarrado.

El PLN insiste, con acierto, en la necesidad de contener el gasto público. El problema fiscal no puede ser resuelto, exclusivamente, mediante la creación de nuevos ingresos. Las normas eliminadas con el voto de las liberacionistas encuadran perfectamente en esa lúcida concepción del problema y de su solución. La obligación de girar fondos aunque no hagan falta, no existan los recursos o haya otras necesidades más urgentes, es irracional y dispendiosa.

La flexibilización del gasto es, precisamente, una medida idónea para recortarlo. A eso se debe el voto de Edgardo Araya, excandidato presidencial del Frente Amplio, quien procuraba proteger las erogaciones, no moderarlas. Según dijo, las normas rechazadas permitirían desfinanciar programas de importancia. Esa ha sido la tesis de la izquierda y Araya no podía desaprovechar la oportunidad creada por la moción liberacionista.

Para explicar su voto, Piszk no esgrimió razones pertinentes a las normas rechazadas. Más bien lo justificó como reacción a un acuerdo político firmado entre el nuevo gobierno y el Frente Amplio. Como era de esperar, el documento no incluye medida alguna de recorte del gasto, pero tampoco sustituye el acuerdo firmado entre el presidente Alvarado y Rodolfo Piza, excandidato socialcristiano y ministro de la Presidencia. Si bien expresa la reserva de los frenteamplistas ante la posibilidad de reformar las remuneraciones en el sector público, no impide a la futura administración impulsarla.

A fin de cuentas, las liberacionistas dieron su voto a una tesis frenteamplista, totalmente contraria a su pregonado propósito de limitar el gasto, para protestar contra un acuerdo del entonces presidente electo con el Frente Amplio que no contempla las razones de la protesta. Así terminó admitiéndolo la exdiputada Maureen Fallas. Desafortunadamente, el voto excluyó la posibilidad de examinar la confusión con detenimiento porque se produjo en el último día de discusión de mociones por el fondo y el daño quedó hecho.

Con justificado enojo, el exdiputado Ottón Solís reclamó la derrota de la medida de control del gasto y resaltó otras contradicciones del PLN. La lista es larga y podría comenzar con el apoyo al ruinoso traslado de 4.000 docentes al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, con un costo de ¢505.000 millones para las finanzas públicas.

El PLN estrena una fracción legislativa, insistente en su compromiso con la solución del problema fiscal, tanto por la vía de nuevos ingresos como por el camino del ahorro. Es de esperar que en ese afán los liberacionistas mantengan, ahora sí, la coherencia.

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El PLN estrena una nueva fracción legislativa, insistente en su compromiso con la solución del problema fiscal. Ojalá mantenga, ahora sí, la coherencia