Gran deuda del Estado con fondos básicos de pensiones
Aportes a IVM, Magisterio y Poder Judicial
El Ministerio de Hacienda debe ¢138.380 millones de contribuciones estatales a los tres principales fondos de pensiones básicos de Costa Rica.
El monto se distribuye entre el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio Nacional y, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
El 91% de la cifra pendiente es con el IVM, es decir, ¢125.966 millones, según se detalla en los estados financieros del régimen, de febrero pasado.
El resto de recursos se distribuyen entre el régimen del Magisterio y la Corte.
En esos sistemas el aporte es tripartito: cotiza el trabajador, el patrono y el Estado.
Al IVM aportan 1,5 millones de trabajadores; en el Poder Judicial, 13.203, y en el RCC, 94.035 educadores.
Los administradores de los tres regímenes enfatizaron que la deuda provoca un impacto financiero y pone en riesgo la pensión futura de los trabajadores.
La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), proyectó un déficit de ¢86.000 millones, mientras en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Junta Directiva ordenó a la Gerencia de Pensiones, en octubre pasado, hacer un estudio para determinar el impacto financiero del impago.
El resultado del informe está pendiente de entrega a los directores de la institución.
¿Cómo se generó? La deuda estatal con los fondos básicos surgió tras la decisión de la Directiva de la CCSS, en julio del 2016, de elevar la contribución estatal de 0,58% a 1,24% para obtener ¢54.000 millones adicionales y así poder financiar la pensión mínima.
El ajuste comenzó a regir en setiembre de ese año y generó además un alza en el sistema del Poder Judicial y el Magisterio, porque el aporte estatal es el mismo hecho al IVM.
La contribución del Estado a las pensiones básicas la hace Hacienda, por medio del pago de tributos de los contribuyentes.
El Gobierno no presupuestó el aumento de 0,66 puntos porcentuales ni en el 2016, ni 2017 y tampoco este año, confirmó en marzo Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.
Sin embargo, Hacienda sí hizo el aporte en el caso del régimen de la Corte y el Magisterio Nacional, en 2016 y 2017.
Sin embargo, ese ministerio decidió volver a realizar solo la contribución estatal de 0,58% para este año.
La Tesorera Nacional, Martha Cubillo, confirmó que el aporte de 1,24% no fue presupuestado en ninguno de los regímenes básicos este año, pues Hacienda no ha aceptado el aumento de la contribución por su insuficiencia de recursos.
“El ajuste fue una decisión unilateral de la CCSS, sin consultar previamente al Ministerio de Hacienda, sin analizar la situación fiscal que atraviesa el país, sin que se determine la fuente de recursos para asumir esa nueva obligación y sin medir la afectación a otros programas sociales que atiende el Estado”, recalcó Cubillo.
Medidas. Jupema y el Poder Judicial confirmaron que presentarán medidas legales contra el Gobierno debido al impago.
El Consejo Superior, administrador del fondo del Poder Judicial, ordenó a la Dirección Jurídica emprender las acciones necesarias para que Hacienda realice el aporte pendiente al fondo, según consta en el acta 26-18 del 05 de abril del 2018.
“Para el año 2018, el Ministerio de Hacienda recortó del presupuesto del Poder Judicial lo correspondiente al aumento en el aporte estatal. Por esa razón, el Ministerio mantiene un saldo pendiente de pago de ¢526 millones”, confirmó Sandra Castro, asesora legal del departamento de Prensa del Poder Judicial.
La funcionaria añadió que se han realizado varias solicitudes formales para que el Estado realice ese pago, pero el resultado ha sido negativo.
Castro también resaltó que incluso Carlos Chinchilla, presidente de la Corte, se reunió con Helio Fallas, ahora exjerarca de Hacienda.
Esa cartera además informó al Ministerio de Educación Pública (MEP) que, para este año, no fue presupuestado el aporte de 1,24% correspondiente a la cuota estatal.
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