Desorden en contribuciones generó alta factura
Las deudas estatales con fondos de pensiones y la seguridad social no son nuevas.
Incluso en los años noventa se hizo una reforma para cerrar regímenes de pensiones desfinanciados, en tanto en los gobiernos de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís se saldó parte de la deuda del Estado con el seguro de salud.
Ambas decisiones provocaron una costosa factura a los contribuyentes, pues se financiaron con el pago de tributos.
En julio de 1992 se emitió la Ley Marco de Pensiones que creó el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional y cerró 16 fondos de jubilación, como los de Obras Públicas, Hacienda y Correos.
La medida se tomó porque desde mediados del siglo XX ningún gobierno hizo reservas para pagar pensiones.
Para el 2018, el costo de las pensiones de unas 40.000 personas ascenderá a ¢953.756 millones, y su pago se financia con el cobro de impuestos que se hace a los contribuyentes.
“Estos regímenes se crearon pero nunca se hizo la reserva provisional para pagar las jubilaciones”, dijo Róger Porras, jerarca de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
Enfatizó que a los docentes se les reducía el aporte, pero el dinero se usó para otros fines.
En el caso del seguro de salud, el pasivo estatal se generó pues Hacienda por años no pagó la cuota de trabajadores independientes y personas en prisión, entre otras.
“Debido a que la Caja no realiza ningún ajuste, ni en pensiones, ni en el seguro de salud, lo que hace es echar mano a mayores contribuciones del Estado”, recalcó Pablo Sauma, economista especialista en temas de pensiones y seguridad social.
Recordó que la Constitución Política establece la obligatoriedad del Estado de financiar la seguridad social en caso de falta de recursos.
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