Magisterio y Jupema pronostican apuros por impago de aporte
La medida del Ministerio de Hacienda de no efectuar la contribución completa de aporte estatal generará un déficit futuro de ¢86.000 millones al fondo de pensiones del Magisterio Nacional.
Así lo reveló la Evaluación Actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), publicada en febrero anterior.
El informe determinó que el daño financiero ocurriría si el Gobierno hace el aporte de 0,58%, en lugar del 1,24%.
La baja en la contribución estatal a ese fondo se materializó este año, cuando Hacienda lo informó al Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
El argumento de ese ministerio para reducir la cuota es la situación fiscal del Gobierno.
“En cuanto al pago de las cuotas estatales al MEP, instituciones privadas y universidades, se debe recordar que, considerando la difícil situación fiscal que atraviesa el país, se presupuestaron recursos equivalentes al 0,58%”, detalló Marjorie Morera, directora general de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, en el oficio DGPN-0133-2018, del 13 de abril pasado.
El Gobierno sí hizo el aporte de 1,24% en 2016 y 2017. En problemas. “La decisión (de Hacienda) nos complica. Por ley estamos obligados a cobrar el aporte y los intereses que se generan por no hacer la contribución”, dijo Róger Porras, director ejecutivo de Jupema.
Porras enfatizó en que si la contribución no se completa, deberán realizar ajustes en el fondo para evitar su deterioro.
“De acuerdo al estudio actuarial, para lograr el equilibrio tendríamos que revalorar las pensiones por debajo de la inflación en 1,25 puntos porcentuales, lo cual es irracional porque implicaría una pérdida de poder adquisitivo”, explicó.
Adicionalmente, Jupema debería lograr que las inversiones de la reserva del RCC generen un rendimiento real de 5,56% cada año, posibilidad que, según el mismo estudio, es complicada por la realidad del mercado de inversiones local, donde predominan los instrumentos del Ministerio de Hacienda.
Porras agregó que están en el proceso de agotar el cobro por la vía administrativa, pero valoran ejercer acciones judiciales.
“Entendemos la situación fiscal del Gobierno, pero nuestra responsabilidad como administradores del fondo es ejercer las acciones de cobro de los recursos”, recalcó.
La Junta esperaba una contribución del Estado de ¢16.200 millones este año, pero recibirán el 47% de lo proyectado.
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