Uniformidad del empleo público en la mira del nuevo Gobierno
→ Los detalles se discutirán en el plan que la Administración presentará en un año
La administración de Carlos Alvarado prepara la senda por la cual dará los pasos hacia la uniformidad de los regímenes de empleo que actualmente existen en el sector público, los que presentan un sinnúmero de disparidades.
Aún no hay detalles sobre cómo el Poder Ejecutivo procurará revolucionar el trabajo estatal para garantizarse un ahorro en el pago de los beneficios salariales. Sin embargo, parece haber claridad sobre adónde se quiere llegar.
Según el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, es necesario que “se apliquen los mismos principios” en esos esquemas salariales y de remuneraciones, que se caracterizan por la disparidad.
Varios regímenes. “Puede haber varios regímenes, pero que todos tengan unos principios comunes. Es decir, se busca uniformar los principios que rigen el empleo público, aunque no los detalles y la forma en que opera cada una de las instituciones, mientras se mantengan esos principios. No hay voluntad de que estén sujetos todos al Servicio Civil”, adelantó.
Rodolfo Piza aclaró que la intención no es llegar a una homologación de los regímenes de empleo público.
“El debate sobre cuál será el futuro es precisamente lo que se planteará en la discusión sobre la Ley de Empleo Público, que se discutirá en los próximos meses”, manifestó.
Para que el Gobierno logre emparejar las condiciones salariales del sector público, se necesitan reformas legales que los congresistas deben debatir y someter a votación. La administración Alvarado Quesada ha dado muestras de querer acometer el asunto cuanto antes.
Carlos Alvarado presentó, el viernes 1.° de junio, un proyecto de ley que pretende reducir el porcentaje salarial adicional que paga el Estado a sus empleados por prohibición del ejercicio liberal de la profesión.
La iniciativa, que forma parte de un paquete de acciones para implementar los recortes al gasto público, procura limitar a un 30% sobre el salario base el pago de la prohibición.
En la actualidad, el porcentaje oscila entre un 25% y un 65% del salario base y se suma a otros beneficios como la anualidad y la carrera profesional, para engrosar el sueldo de los empleados públicos.
El presidente emitió otro paquete de directrices en las que ordenó ponerle un freno al crecimiento del Presupuesto Ordinario de la República, así como al incremento en los salarios de los altos jerarcas del Gobierno y a las anualidades.
Implementar directrices. Alfredo Hasbum, el nuevo director ge- neral de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC), manifestó que él está de acuerdo en arrojar eficiencia sobre el desempeño de los empleados públicos.
Respecto a la visión del nuevo Gobierno sobre uniformar los principios que rigen el empleo público, Hasbum agregó que la DGSC estaría en la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para implementar las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo en materia de empleo público.
“Somos un ente técnico y estamos en la obligación de acatar las directrices del Gobierno en materia de empleo público, siempre en respeto de la legalidad y los derechos adquiridos”, contestó.
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