Multa de $50.000 tuvo en secreto la investigación
“Me parece que fue un tema que no le interesó a muchos y es algo que a uno no lo deja tranquilo. El Ejecutivo propuso que se enviara (la auditoría) al Comité de Ética, pero los pocos que se quedaron, dijeron que ya estaba en los tribunales de justicia. Era un tema para investigar”. Víctor Hugo Alfaro Miembro del Comité Ejecutivo
La auditoría de FIFA sobre el Mundial Sub-17 femenino permanecía en secreto, protegida por una cláusula de confidencialidad: el dirigente que revelara su contenido sería multado con $50.000.
Así lo exigieron los auditores de la compañía Ernst & Young (EY), con el aval de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
Una vez conocido aquel requisito, la Federación envió el contrato a todos los miembros de la Asamblea, el máximo órgano del balompié costarricense, a cargo de decisiones como elegir al máximo jerarca y sus compañero en el Comité Ejecutivo, solicitar destituciones o decidir el reparto de dinero por el premio del Mundial.
Pocos días después, el 21 de diciembre del año pasado se dio la convocatoria con casi un mes de anticipación (la Asamblea se realizaría el 26 de enero). Sus integrantes fueron informados sobre el tema a tratar (la auditoría FIFA) y el requisito de firmar el contrato de confidencialidad en los días previos a la cita.
No muchos dirigentes asumieron el triple compromiso que implicaba conocer las anomalías, comprometerse a no revelarlas y tomar decisiones sobre lo detectado.
De los 32 representantes que componen la Asamblea, solo 17 firmaron el documento exigido por los auditores y la FIFA. De esos, solo once asistieron a la cita.
También se presentaron algunos representantes de Linafa (la liga del fútbol aficionado). Sin embargo, no habían firmado el contrato con anticipación y debieron abandonar el recinto, pese a que estaban dispuestos a aceptar la cláusula, según su presidente Juan Carlos Román, quien fuera parte de la Comisión encargada de contratar proveedores para el Mundial.
“Lamentablemente no pudimos estar presentes en el momento de la lectura del informe. Mandamos la nota con antelación, pero la secretaría no la presentó y nuestros asambleístas fueron sacados de la sala”,dijo.
Consultada al respecto la secretaria general, Margarita Echeverría, explicó que el contrato lo tuvieron con suficiente antelación. “Desde el 15 de enero (dos meses y medio antes) se les envió el documento para que lo firmaran”.
De los once asambleístas que continuaron, uno se retiró en media lectura de los hallazgos. Los restantes diez votaron y decidieron enviar el documento al Ministerio Público. Descartaron la sugerencia del Ejecutivo de enviarlo también al Comité de Ética, un órgano que podía decidir destituciones.