Hora de ejecutar San José-San Ramón
Llegó el momento de escoger una de las rutas posibles para el proyecto y erradicar la parálisis hasta ahora imperante.
Después de desechar, por oposición de grupos sonoros, la figura de la concesión para ejecutar mejoras y ampliar la carretera entre San José y San Ramón, una de las más transitadas del país, el gobierno acogió un esquema alternativo: el fideicomiso creado mediante la Ley 9292, aprobada en febrero del 2015. Sin embargo, la pretendida solución ha dormido el sueño de los justos. Tan poco es el avance mostrado por el fiduciario Banco de Costa Rica que, a la fecha, no se sabe siquiera en qué consistirán las obras ni mucho menos su costo estimado. Por ende, tampoco sabemos cuáles serán las tarifas cobradas a los usuarios, aunque las autoridades adelantaron, a fines de la administración Solís, que serán iguales o superiores a las propuestas por el concesionario original.
En este, como en otros asuntos de interés nacional, aquella administración mostró una enorme falta de ejecutividad. Ahora, el ingeniero Rodolfo Méndez, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), anunció el propósito de iniciar, en breve, la ampliación de los puentes en la vital carretera. Los recursos necesarios para hacerlo (unos $65 millones) los aportará el Estado (“Gobierno ampliará tres puentes en la ruta a San Ramón”, La Nación, 28/6/2018).
La estrategia del MOPT es apropiada. No solo permite avanzar en la ejecución del proyecto, sino que abarata las futuras tarifas. Al construir los puentes, el Estado asume una de las porciones más caras de la obra total.
El financiamiento de una carretera como la de San José-San Ramón, con 60 kilómetros de longitud y utilidad para una gran cantidad de comunidades, exige una serie de consideraciones, no solo de ingeniería, sino también económicas. Desde nuestra sección de Opinión, analistas costarricenses han expresado ideas que el gobierno debe tener presentes. Una de ellas es la de Federico Villalobos, experto en infraestructura, quien favorece la concesión sobre el fideicomiso y muy convincentemente explica por qué (“¿Cómo financiar la carretera San José-San Ramón?”, La Nación, 17 de junio del 2017).
El economista Thelmo Vargas también cuenta con formación académica en materia de financiamiento de infraestructura pública y destaca la importancia de tener presente el valor que la sociedad espera obtener por los recursos invertidos. Es el concepto del value for money. Después de un interesante análisis, concluye que la mejor opción para el país podría ser el financiamiento de la carretera San José-San Ramón por la vía tradicional, es decir, con cargo al presupuesto nacional (“¿Carreteras con peaje o de uso gratuito?”, La Nación, 30 de junio del 2017). Su argumento básico es que una carretera de solo 60 kilómetros, con muchas salidas y entradas, se asemeja a un camino vecinal para el cual la figura de la concesión no es óptima. Ese argumento cobra mayor importancia ahora que el gobierno decidió asumir el costo de mejorar los puentes.
Invitamos a las autoridades a considerar los argumentos esgrimidos en una y otra publicación, pues el país no está para demorar por mucho más tiempo la construcción de obras de infraestructura vial claves. El costo, en tiempo perdido y calidad de vida, es demasiado alto.
El esfuerzo del MOPT por acelerar la mejora y ampliación de la carretera San José-San Ramón y sus radiales, así como sus intenciones de atender con celeridad los muchos otros cuellos de botella de la Gran Área Metropolitana son encomiables. Es hora de escoger una de las rutas posibles para ejecutar el resto del proyecto San José-San Ramón y erradicar la parálisis hasta ahora imperante.
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Llegó el momento de escoger una de las rutas posibles para el proyecto San José-San Ramón y erradicar la parálisis hasta ahora imperante
El ministro de Obras Públicas y Transportes anunció el propósito de iniciar, en breve, la ampliación de los puentes en la vital carretera