OIJ quiere poder levantar cuerpos sin fiscal ni juez
→Iniciativa también apunta a poder hacer allanamientos sin la venia de un juzgador →Sectores judiciales muestran recelo en algunas de las pretensiones
Levantamientos de cuerpos que a veces se extienden por horas porque hay que alertar y pasar por el juez y el fiscal, o allanamientos urgentes que se atrasan mientras se espera la venia del juzgador.
Estas son situaciones que el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, quiere cambiar, como lo expuso ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico.
Para hacerlo trabajan en una propuesta de proyecto de ley dentro de una lista de reformas dirigidas a una mayor independencia en la toma de decisiones y hasta posibilidades de manejar su presupuesto.
Espinoza manifestó que necesitan mayores márgenes de investigación autónoma e iniciativa propia, siempre en coordinación con el Ministerio Público.
Por ejemplo, para el levantamiento de cuerpos, la entidad remitiría el informe al juez y al fiscal en un plazo máximo de 24 horas. “Con eso, nos ahorramos desplazamiento y trabajamos más rápido”, dijo.
El 23 de febrero, por ejemplo, pasaron cinco horas antes de que se levantara el cuerpo de un fallecido en un accidente de tránsito en la carretera de Circunvalación.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, dijo conocer de un proyecto de ley presentado para que sea la Policía Judicial, por delegación del Ministerio Público, la que ejecute los levantamientos de cuerpos.
Empero, sobre el tema de allanamientos sin juez y fiscal, dijo que no han conversado.
Apoyo a medias. Las pretensiones de la Policía Judicial encuentran mediano apoyo en otros sectores judiciales.
La posibilidad de levantar cuerpos sin juez ni fiscal pareciera no encontrar mayores objeciones, pero en el caso de los allanamientos sí surgen dudas.
Para Rónald Segura, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), lo que pide el OIJ es “perfectamente viable” y el sistema vigente debe dirigirse a realizar los ajustes necesarios al Código Procesal Penal, pues han pasado 20 años desde la última gran reforma.
“Deberíamos ir hacia un sistema acusatorio más puro. Muchas de las funciones en las que el Ministerio Público va a dar dirección funcional, perfectamente las puede realizar la Policía”, afirmó.
“Imagínese lo que es cerrar seis horas una calle, mientras se busca al juez y fiscal. Eso lesiona la economía del país, debido a las presas que se forman, porque tenemos un gran rezago de infraestructura”, agregó.
Por otra parte, consideró, los fiscales deberían estar más en la parte jurídica y no tanto en la investigación.
Actualmente, la Fiscalía le indica al OIJ en cuáles casos es conveniente hacer un allanamiento o levantamiento de secreto bancario, por ejemplo, pero Segura considera que el OIJ es un ente maduro, con gran capacidad y con laboratorios certificados, por lo que debería tener autonomía para hacer ese tipo de solicitudes en aras de acelerar los procesos.
El control de legalidad lo podría ejercer el juez a posteriori, basado en los documentos.
Segura explicó que la figura del juez en el allanamiento se debe a viejos resabios de desconfianza hacia la Policía, desde la época de las dictaduras. “Ya las épocas cambiaron; nosotros tenemos que adaptarnos a las técnicas de investigación modernas, sin que eso vaya a afectar las garantías del imputado en el proceso”, apuntó.
Por su parte, Jorge Tabash, de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), no está de acuerdo con que la Policía Judicial se ocupe de allanamientos, a menos de que sean en oficinas o en vías públicas y que no requieran el decomiso de expedientes médicos y otros documentos personales.
Sin embargo, cree que cuando hay un allanamiento en una casa, necesariamente tiene que estar el juez, porque es la garantía de que todos los actos de averiguación de un hecho delictivo se harán respetando los principios constitucionales.
El director del OIJ, no obstante, insiste en que hay que soltarle amarras a la institución. Su idea es que se pueda notificar a los jueces luego del allanamiento, como se propone en el proyecto de ley en que trabajan.
■
“EL PAÍS TIENE
QUE MODERNIZARSE. NOSOTROS NO PODEMOS PENSAR COMO HACE 45 AÑOS. NO PODEMOS CERRAR UNA CARRETERA POR HORAS
’ ’ PARA LEVANTAR UN CUE RPO. Wálter Espinoza
Director del OIJ
“PARA LOS SERES HUMANOS, EL DOMICILIO ES MUY IMPORTANTE Y, PARA TRANSGREDIRLO, YO SÍ PIENSO QUE TIENE QUE EXISTIR UNA ORDEN DEL JUEZ Y QUE ESTÉ PRESENCIALMENTE,
’ ’ LO MISMO QUE EL FIS CAL. Jorge Tabash
Asociación Costarricense de la Judicatura