Ley de Incentivos Médicos socava los Ebáis privados
→Centros médicos advierten de que tendrían que cobrar más a la CCSS →Una cooperativa teme ir a la quiebra si la obligan a pagar los altos beneficios
“Un juez con una sentencia podría dejar a la cooperativa en la quiebra. ÓSCAR ABELLÁN, GERENTE DE COOPESIBA
La idea de trasladar a la empresa privada los pluses salariales que paga la CCSS socava los Ebáis y clínicas operados por cooperativas, una universidad y una asociación.
Los beneficios son tan costosos que una de las cooperativas estima que quebrará si debe costearlos. Otras apuntan a cobrarle más dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la administración de los centros de salud y, de hecho, ya existe una demanda judicial con ese objetivo.
Por medio de procesos laborales, profesionales en ciencias médicas están exigiendo a patrones privados el pago de los beneficios fijados en la Ley de Incentivos Médicos de 1982.
Esa legislación fue creada con el espíritu de remunerar a médicos en la función pública. Sin embargo, en el 2004, una comisión plena del Congreso, presidida por la entonces diputada liberacionista, Kyra de la Rosa, extendió los beneficios a los profesionales de las entidades privadas.
Dicha norma reconoce beneficios como anualidades, carrera administrativa, carrera hospitalaria y el incentivo de consulta de externa. En total, suman al salario base al menos un 71,5% adicional.
Además, no solo rige para médicos, sino también para enfermeros, microbiólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y odontólogos.
Actualmente, en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) administrados por empresas privadas, los profesionales reciben un salario básico sin componentes, aunque existen excepciones. Tal es el caso de los microbiólogos, que por la escasez de profesionales, reciben un porcentaje adicional.
Las cooperativas, la Universidad de Iberoamérica (Unibe) y la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco) administran, en conjunto, 177 (17%) de los 1.034 Ebáis que hay en el país. Lo hacen mediante contratos de concesión. Estas empresas se encargan de atender a la población y la CCSS les paga por sus servicios.
De acuerdo con estudios de la Caja, estos centros son más eficientes y baratos que los operados directamente por la misma entidad. El informe Evaluación de costos, desempeño y cobertura general de las áreas de salud administradas por terceros versus referentes institucionales, elaborado por la Gerencia Médica de la CCSS en agosto del 2015, reveló que el valor anual de un Ebáis en la Caja duplica el de los que son dirigidos por cooperativas y la Unibe.
Representantes de cooperativas insisten en que pagar los incentivos médicos les sería muy costoso, los llevaría a la ruina y los haría menos atractivos para que la Caja los contrate.
Tal es la percepción, por ejemplo, de José Pablo Ross, gerente de la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana), que presta servicios en Santa Ana, Escazú, San Francisco de Dos Ríos y San Antonio de Desamparados.
Óscar Abellán, gerente de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud
de Barva (Coopesiba), pinta un panorama todavía más oscuro para su representada y advierte de que, si pierde los juicios y no pueden trasladar los costos a la CCSS, caerían en la quiebra.
Actualmente, Coopesiba tiene cinco juicios pendientes. “Un juez (del Contencioso) con una sentencia de estas podría dejar a la cooperativa en la quiebra”, detalló Abellán, cuya cooperativa opera en Barva y San Pablo de Heredia con 60 profesionales en ciencias médicas.
La estimación de Abellán es que pagar los incentivos al personal médico le costaría cerca de ¢550 millones más por año. “El traslado de estos privilegios al sector privado nos parece absurdo” y agregó que “es muy difícil que podamos seguir dando el servicio porque se encarecería demasiado el servicio”.
En el caso de Unibe, acumulan tres demandas. El asesor legal, Israel Hernández, estima que agregar esos pluses encarecería su operación en un 15%.
Los tres representantes aseguran que, de perder los juicios, esos costos tendrían que cobrarlos a la CCSS, por lo que también pondría en aprietos a la institución estatal.
La Caja informó de que Unibe, como proveedor, presentó una demanda en el Tribunal Contencioso–Administrativo para que se le reconozcan los incentivos de la ley.
Aunque la reforma a la Ley de Incentivos Médicos de 2004 obligó al sector privado a reconocer los mismos pluses que reciben los médicos en el sector público, los prestadores de ser-
“ESTO ENCARECERÍA LOS SERVICIOS PRIVADOS Y, EN NUESTRO CASO, LOS SERVICIOS QUE LE BRINDAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. MUY PROBABLEMENTE, A LA INSTITUCIÓN NO LE SERÍA ATRACTIVO CONTRATARNOS. José Pablo Ross Gerente de Coopesana
vicios privados se han echado el pulso en tribunales, incluso en la Sala Constitucional.
Para Abellán, la discusión, en cualquier caso, debe terminar con la reforma del artículo que reconoció los beneficios.
El cambio se planteó en un proyecto de ley en 2016, impulsado por los liberacionistas Ronny Monge y Karla Prendas. Sin embargo, hoy hace fila en una comisión legislativa.
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