Jefe del OIJ afrontó pesquisa por caso de cemento chino
→Walter Espinoza envió un correo en el que confirmaba que existía un reporte sobre los contactos telefónicos entre sospechosos →Informe mencionado ratificaba intercambio de llamadas entre dos diputados cuestionados y el empresario Juan Carlos Bolaños
Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), enfrentó una pesquisa interna por advertir, en octubre del año pasado, sobre el informe acerca de las llamadas telefónicas que revelaban un vínculo entre dos exdiputados y el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
La pesquisa comenzó en abril de este año y estuvo en manos de la Inspección Judicial, luego de que se recibió una queja contra el jefe policial por enviar un correo electrónico a altos jerarcas judiciales, entre ellos el entonces presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, en el cual adjuntó el reporte que detallaba los contactos telefónicos que hubo entre los exlegisladores Otto Guevara Guth, Víctor Morales Zapata y Bolaños.
Espinoza, además, incluyó algunas observaciones para llamar la atención ante el hecho de que la Fiscalía pedía la desestimación de una causa penal contra Guevara y Morales, por considerar que no había relación telefónica entre los investigados y el empresario del cemento, pese a que la Policía Judicial concluyó lo contrario, con base en los contactos telefónicos que se dieron en 184 ocasiones
“Me encuentro obligado a comunicarlo para lo que corresponda, con independencia del aporte cognitivo que ese punto tenga en la resolución del caso y sin prejuzgar si las circunstancias descritas constituyen delito, toda vez que esa función no es labor de carácter policial; sin embargo, no podemos evadir la obligación de hacer patente la inconsistencia detectada”, hizo ver Espinoza en la documentación enviada, que luego se filtró a la prensa.
Archivo. La denuncia contra Espinoza fue analizada en una sesión privada de la Corte Plena, del 11 de junio pasado, en la cual los altos jueces recomendaron archivar la causa al no encontrar elementos de convicción que determinaran dolo o culpa grave en la actuación del funcionario que permitieran aplicar el régimen disciplinario.
“Esta Corte ha tenido por demostrado que si bien el señor Wálter Espinoza remitió vía correo electrónico y a diferentes funcionarios del Poder Judicial, el informe de la Oficina de Planes y Operaciones N.° 876-OPO/ UAC/ART-2015 (...) no se demostró que Espinoza haya transgredido la privacidad del proceso penal regulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal, (...)
“ME ENCUENTRO OBLIGADO A COMUNICARLO PARA LO QUE CORRESPONDA, CON INDEPENDENCIA DEL APORTE COGNITIVO QUE ESE PUNTO TENGA EN LA RESOLUCIÓN DEL CASO Y SIN PREJUZGAR SI LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS CONSTITUYEN DELITO, TODA VEZ QUE ESA FUNCIÓN NO ES LABOR DE CARÁCTER POLICIAL; SIN EMBARGO, NO PODEMOS EVADIR LA OBLIGACIÓN DE HACER PATENTE LA INCONSISTENCIA DETECTADA. Wálter Espinoza Director OIJ
ni se acreditó que haya sido el responsable de filtrar el citado informe a los medios de comunicación, ni que lo haya hecho público”, detalla el acuerdo de Corte Plena.
Consecuencias. Precisamente, la remisión del citado informe, el 2 de octubre del año pasado, llevó a las autoridades judiciales a reabrir la investigación contra Morales y Guevara, como sospechosos del delito de tráfico de influencias.
Dicha causa había sido desestimada por los magistrados de la Sala Tercera luego de que la entonces fiscala subrogante Berenice Smith Bonilla les comunicara que, luego de recabar la totalidad de la prueba, no era posible proceder a una eventual acusación y solicitud de apertura a juicio, debido a que se trataba de hechos atípicos.
El asunto alrededor del cemento chino también condujo a allanamientos y capturas, pero sobre todo, a la revocatoria del nombramiento del magistrado Celso Gamboa, de la Sala Tercera y la suspensión sin goce de salario por dos meses de la hoy exfiscala subrogante Smith.
También se abrieron procesos disciplinarios y penales contra el exfiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, quien luego se acogió a su pensión, en diciembre pasado, y la suspensión por dos meses de cuatro magistrados de la Sala Tercera que votaron la desestimación; dos de ellos después se acogieron a la jubilación. R NOTA APARTE.