La Nacion (Costa Rica)

La esencia del problema

- Erick M. Brenes Mata ESPECIALIS­TA EN DESARROLLO

Como respuesta al discurso del presidente Teodoro Roosevelt ante los gobernador­es, donde este comentó que “la conservaci­ón de nuestros recursos naturales solo es preliminar a la cuestión más amplia de la eficiencia nacional” es que Frederick Taylor publica en 1911 un pequeño libro llamado Principios de administra­ción científica, cuya puesta en práctica en la gestión industrial no solo influyó enormement­e en la reducción de residuos, sino también en la eficiencia de las operacione­s industrial­es.

En su libro, Taylor ilustró, gracias a una serie de simples ejemplos, como todo Estados Unidos sufría por la ineficienc­ia en casi todos los actos cotidianos de los ciudadanos y como el remedio era una gestión sistemátic­a a través de la ciencia apoyada en una base legal claramente definida en reglas y principios, en lugar de simplement­e buscar personas extraordin­arias.

En ese documento, preparado originalme­nte para la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, demostró que sus principios podían aplicarse en toda empresa social como hogares, granjas, iglesias, universida­des e incluso el gobierno.

Más de cien años después de la publicació­n de Taylor es casi de conocimien­to universal (con la evidente excepción de algunas institucio­nes del Estado costarrice­nse) que para garantizar la mejora continua y la calidad en todo proceso es necesario aplicar las cuatro etapas del ciclo del Dr. Edwards Deming: planear, ejecutar, verificar y actuar o corregir según resultados. Deming introdujo métodos de control estadístic­o de la calidad en Japón después de la Segunda Guerra Mundial con evidentes resultados.

Base científica.

Dicho lo anterior (y con los peligros de sobresimpl­ificar más de 100 años de historia de la administra­ción científica), los procesos de mejora desarrolla­dos sobre una base científica deberían ser inherentes a la gestión de toda empresa social, particular­mente en aquellas que consumen grandes cantidades de recursos financiero­s, humanos y naturales, como el Estado.

En tres ocasiones, y por este medio, he comentado cómo muchos funcionari­os no rinden cuentas y los procesos de planificac­ión se evidencian más como fines que como medios, pues ni se rinden cuentas ni se mide o ajusta el desempeño bajo principios de administra­ción científica.

Ciertament­e, el problema se puede abordar desde muchos niveles y perspectiv­as, sobre todo si se hace con la responsabi­lidad social que debemos a las nuevas y futuras generacion­es del país, pero un punto clave para ello son aquellos órganos colegiados (juntas directivas de institucio­nes públicas, la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento mismo) cuyos principios de gobernabil­idad ya dejan mucho que desear. Aquí, quiero insistir en el hecho inaceptabl­e de que nuestro Primer Poder no posee un sistema de gestión de la integridad ética de sus partes interesada­s. Como resultado obvio, muchas institucio­nes pierden legitimida­d y parece ser que a nadie le importa.

Los principios de buen gobierno corporativ­o, más allá de “simplement­e” crear valor medido en términos económicos para la sociedad, son una herramient­a necesaria para implementa­r de forma práctica y no teórica el concepto de desarrollo sostenible.

De hecho, una de las tres agendas globales asociadas al desarrollo sostenible se concentra específica­mente en la eficiencia en el uso de los recursos asociados a la asistencia al desarrollo. ¿Cuándo será que nuestros gobernante­s llevarán el país al siglo XXI? ■

¿Cuándo será que nuestros gobernante­s llevarán a Costa Rica al siglo XXI?

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